El "sindicato" reformista UGT Andalucía
pedía discreción a sus "dirigentes" provinciales para que la
manipulación de facturas permaneciese oculta. Así se puso de manifiesto
en una comisión interna que reunió el 29 de mayo de 2008 a los máximos
responsables de las finanzas de la organización en Andalucía en la sede
regional de la amarilla UGT en Sevilla.
En el encuentro, de cuyas deliberaciones
existe incluso una transcripción, el entonces secretario de
Administración, el "compañero" Federico Fresneda Heredero, a la sazón
tesorero de UGT-A, hizo hincapié en que el secreto debía quedar
restringido a unos "cuantos custodios", a un número limitado de
proveedores. "No todos los días vas a comprar una mesa ni un ordenador,
pero hay que justificar el programa. Nosotros modificamos facturas y con
esto hay que tener cuidado, no se puede hablar con todos los
proveedores, hay que tener cuidado con esto", insistió. Fue su respuesta
a las dudas expresadas por el secretario de Administración de UGT-Jaén,
el "compañero" Pedro Fuentes, acerca del acceso de las empresas
proveedoras a la central de compras que había montado el "sindicato"
vertical con la finalidad de controlar los "rápeles" que descontaban a
los proveedores.
De ello da prueba el borrador del acta. A
la comisión asistieron, además de Fresneda y Fuentes, los secretarios de
Administración en Málaga y Sevilla, Juan Otero y Antonio Rodríguez de
la Torre, respectivamente.
Federico Fresneda, el hombre que
controlaba la caja del "sindicato" colaboracionista UGT-A de la que
salían los sobresueldos de sus dririgentes, los aleccionó para que
negociaran con sigilo con los proveedores contratados con fondos
públicos a la hora de cambiar las facturas: "Más de dos empresas no se
pueden tener, no se puede abrir tanto el abanico". La "defensa" de los
trabajadores despedidos por el sindicato (159 en total) a finales del
pasado año da validez a esta acta y se refiere a la misma en la demanda
colectiva que ha presentado ante el Juzgado de los Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía. Durante el proceso, pendiente de
sentencia, solicitó sin éxito que la chiquilicuatrera UGT-A aportara el
acta original para desmontar el argumento de la reducción de fondos que
había esgrimido la empresa sindical para aligerar plantilla.
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