Jueves 07 Junio 2012 at 04:04 am.
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Las Juventudes Libertarias de Madrid (JJLL) damos por
iniciada nuestra campaña contra la justicia burguesa, así como de la
dominación fundamentada en el derecho. Subimos nuestro primer texto,
conjuntamente a una de las imágenes de la campaña, a la cual esperamos
añadirle más material y acciones en la calle.
Últimamente se oye hablar, cada vez con mayor fuerza, de la nueva
reforma del actual gobierno. En este caso, una reforma del Código Penal,
mayores penas, mayor represión, en época de crisis y ataques contra
aquellas pequeñas victorias conseguidas tras duros enfrentamientos con
el Orden Establecido.
La
Juventudes Libertarias de Madrid (JJLL) damos por iniciada nuestra
campaña contra la justicia burguesa, así como de la dominación
fundamentada en el derecho. Subimos nuestro primer texto, conjuntamente a
una de las imágenes de la campaña, a la cual esperamos añadirle más
material y acciones en la calle.
Últimamente se oye hablar, cada vez con
mayor fuerza, de la nueva reforma del actual gobierno. En este caso,
una reforma del Código Penal, mayores penas, mayor represión, en época
de crisis y ataques contra aquellas pequeñas victorias conseguidas tras
duros enfrentamientos con el Orden Establecido.
Si bien a día de hoy no parece que haya
nada seguro en lo que a la reforma se refiere, lo cierto es que, poco a
poco y siempre a golpe de titular, empiezan a aparecer las propuestas
más o menos concretas del nuevo gobierno: penar aún más la
multirreincidencia, la desobediencia contra la autoridad, la piromanía,
equiparar la violencia callejera, con terrorismo, o la resistencia
pasiva con atentado a la autoridad, así como condenar a quienes hagan
convocatorias que acaben en disturbios como un delito de integración en
organización criminal, así como condenar también a aquellas
organizaciones políticas, sociales y/o sindicales a las que pertenezcan
detenidos en distintas movilizaciones, se aventuran como los puntos
donde va a incidir la nueva reforma, y a todas ellas tenemos que añadir
la implantación de la cadena perpetua revisable.
A simple vista, se trata de medidas que
pueden gozar de un cierto respaldo social, como las mayores penas
contra los pirómanos, aparentemente una medida inofensiva, pero que
trata de agraciar a aquellos sectores de la población más
sensibilizados con la cuestión ecológica, para que, de alguna manera,
apoyen un código penal basado en una mayor represión. Eso mismo podemos
pensar de las penas contra aquellas personas que han reincidido varias
veces en la misma falta o delito, personas que han caído en dicha
forma de ganarse la vida, por ser el camino más fácil para salir de la
miseria a que la sociedad les ha condenado sin ellos buscarlo.
Mucho más impactantes parecen las medidas
encaminadas a criminalizar la respuesta social que se plantea ante los
ataques directos que los opresores, a través del estado, realizan
contra los oprimidos. Medidas que se encuadran en una etapa de duros
retrocesos en la lucha que desde hace décadas mantenemos oprimidos y
opresores por nuestra dignidad, volviendo ahora a condiciones
laborales propias de los años 20: despido libre, salarios irrisorios y
congelados, si no en retroceso, etc. A esta situación, como decimos, se
añade esta reforma que pretende endurecer las penas contra aquellas
personas más concienciadas y más dispuestas a plantar cara, para ir a
por ellas, criminalizarlas, condenarlas y que sirva de ejemplo al resto
de la sociedad para que no les sigan. Cada vez más nos acercamos a ese
ideal liberal, en que el estado sólo tenga sentido como elemento
represor, dejando cada vez más espacio al capital para que campe a sus
anchas. Muy ligado a esto, por ejemplo, nos encontramos los casos de
los centros de menores, donde nos encontramos cada vez más de estos
centros, gestionados por empresas privadas, incluyendo en este sentido a
los carceleros/”cuidadores”.
Mención aparte merece la llamada “prisión
permanente revisable”, o cadena perpetua revisable, como se la conoce
más vulgarmente. Una pena que entra en la “legalidad constitucional”,
al tener como fin la reinserción del preso, sin perder de vista que en
la mayoría de los casos a los que se quieren aplicar estas penas
(“terroristas”), nos encontramos en realidad ante presos políticos, por
lo que sería la renuncia a sus ideas lo que permitiría la reinserción
del preso, que de lo contrario permanecería en la cárcel hasta la
muerte. Sin embargo esto no es nada nuevo en el Estado español,
existiendo en la actualidad lo que muchos denominan “cadena perpetua
encubierta”, es decir, cumplimiento de penas superiores a los 20 años
de cárcel. Asimismo, nos encontramos en realidad, ante uno de los
códigos penales más duros que existen y, proporcionalmente, con uno de
los mayores porcentajes de población reclusa (en el Estado español hay
cerca de 80.000 presos, un número superior a Alemania, cuya población
es el doble). Paradójicamente, nos encontramos ante uno de los países
con una de las “tasas de criminalidad” más bajas de la Unión Europea.
Aún con todo, los medios del capital, los mass media nos
bombardean cada cierto tiempo con la idea de la inseguridad o de la
necesidad de recrudecer las penas por tal o cual delito.
A pesar de todo esto, nosotros no pensamos
que la solución se encuentre en parar este código penal, o en conseguir
otro como, por ejemplo, el noruego (cuya pena máxima son 20 años de
prisión, teniendo un enfoque real hacia la reinserción del preso, cosa
que no encontramos aquí). Entendemos que cualquier código penal tiene
como fin, reglamentar la represión que defienda el orden imperante.
La nueva reforma del código penal
constituye el apoyo del aparato judicial al significativo aumento de la
represión estatal que experimentamos; y que irá en aumento dado el
nefasto panorama socioeconómico en el que nos encontramos insertos.
Detenciones, cárcel, golpes, humillaciones. Control social. Desahucios,
desalojos. Cargas policiales, heridos y asesinatos. Criminalización,
censura. La esencia más pura del Estado. Sin embargo, el ente estatal
necesita, como todo villano, de una coartada, de un subterfugio al que
acogerse y que le otorgue a su descarnada represión un resquicio de
supuesta racionalidad. Es entonces cuando nos encontramos todo el
aparato judicial, el derecho, a saber: la ley.
El Derecho y su concreción, la ley, es la
base sobre la cual el Estado pretende regir todas las relaciones y
conflictos que la sociedad genera. Es la máxima voluntad de control
sobre todos los aspectos de la vida social y económica. El poder, por
tanto, debe justificarse y procurar atenerse a sus propias normas, a su
propia reglamentación, para que así éstas no pierdan legitimidad a
ojos de la población. La represión por tanto, también debe estar
reglamentada y ajustarse al marco del Derecho.
El Gobierno es consciente del profundo
malestar social que está generando las reformas impuestas por la
burguesía y se prepara para hacerlo frente. La Reforma del Código Penal
supondrá la base legal de la represión que se nos viene encima.
¿Qué hacer entonces? Algunos nos dirán que
esto se debe a un “gobierno de derechas” para a continuación decirnos
que ellos jamás harían eso, que les votemos en las próximas elecciones.
Otros clamarán “falta de democracia” y recordarán no sabemos qué
espíritu de garantía de libertades y derechos que representan las
leyes. Todos ellos contribuyen a engordar la farsa que supone toda
forma de gobierno de unas personas sobre otras, toda forma de Estado y
toda Ley. Para nosotros, la Ley siempre beneficiará al poderoso, los
legisladores son vasallos de aquellos que ostentan el poder. Cualquier
forma de gobierno implica necesariamente el control social sobre los
gobernados que garantice la eliminación de cualquier disconformidad con
la dominación existente.
Ante su aparato represivo y judicial
nosotros llamamos al empleo de nuestro más poderosa arma como
explotadxs: la solidaridad y el apoyo mutuo. Nuestro entorno, nuestros
compañeros, nosotros mismos y todo aquel que suponga una amenaza para
la dominación está en el punto de mira. Así pues, es una problemática
que nos afecta a todos, por lo que delegar en otros la tarea de
defendernos de las agresiones del Estado, supondría un ejercicio de
irresponsabilidad, hablamos por tanto del ejercicio de la acción
directa, no reconociendo ningún intermediario, ni por supuesto a la
propia justicia burguesa.
Nos da igual que sus leyes penen la
desobediencia. Nos da igual que sus leyes protejan las distintas
figuras de autoridad –policía, jueces, profesores…-. Nosotros no
reconocemos ninguna autoridad más allá de nosotros mismos, como
individuos conscientes.
No vemos crimen alguno en rebelarse contra
un sistema injusto. No vemos crimen en atacar a aquellos que nos roban
la vida en sus empresas, en sus escuelas, es sus centros de ocio. No
vemos crimen en enfrentarnos al origen de la desigualdad y de la
injusticia: el Estado y el Capital. El único crimen que existe, es la
ley que reglamenta este sistema y lo protege.
CONTRA LA REPRESIÓN: SOLIDARIDAD Y ACCIÓN DIRECTA
CONTRA TODA FORMA DE AUTORIDAD
http://www.nodo50.org/juventudesanarquistas/?e=70
Número 9
