Guerra sucia del Estado español contra el anarcosindicalismo: El Caso Scala
La sala Scala en llamasEl domingo 15 de enero de 1978 la CNT organizó una manifestación en Barcelona contra la firma de los Pactos de la Moncloa y las elecciones sindicales. En la misma se juntaron alrededor de 10.000 trabajadores que seguían oponiéndose a ese pacto social y que era prueba evidente de la gran capacidad de convocatoria que tenia la CNT en aquellos momentos.
A las 13:15 horas, terminada la manifestación, tuvo lugar un ataque con cócteles Molotov contra la sala de fiestas más conocida y de más éxito de Barcelona en aquellos momentos, la sala "Scala", situada en la esquina de la calle Consejo de Ciento y Paseo de San Juan. El resultado inmediato fue la muerte de cuatro trabajadores de la sala: Diego Montero, Bernabé Bravo, Ramón Egea y Juan Manuel López; tres de los cuales eran afiliados de la propia CNT.
Por aquellos días podría decirse que los ciudadanos estaban en cierto modo acostumbrados a las noticias de atentados terroristas. A nadie asombraba el asesinato de policías o militares, los coches-bomba y demás actos que resultaban casi habituales en aquella época. Sin embargo, un atentado contra una sala de fiestas era algo que resultaba inverosímil por lo absurdo y disparatado de la idea. Probablemente por ello en los primeros momentos se aventuraron toda clase de hipótesis. Algunos medios achacaron el atentado a vulgares asesinos, otros lo relacionaron con cuestiones particulares relacionadas con la sala de fiestas, algunos llegaron a establecer una relación con la campaña en pro de la libertad de expresión que por aquel entonces se desarrollaba en solidaridad con el dramaturgo Albert Boadella.
La duda y la incredulidad siguió siendo la tónica general para la inmensa mayoría hasta que, tan sólo cuarenta y ocho horas después, el martes 17 de enero un comunicado de la policía informó de la detención de todos los presuntos autores del atentado, a quienes inmediatamente se les relacionó con la CNT.
«Un comando de la FAI (Federación Anarquista Ibérica), integrado por tres sujetos en cuyo poder se ha hallado asimismo documentación que les acredita como afiliados a la central sindical CNT ha sido autor, según la Jefatura de Policia de Barcelona, del atentado contra el restaurante-espectáculo Scala.»
Agencia Pyresa
Efectivamente, los detenidos eran todos afiliados a la CNT y poco
antes del atentado habían participado en la manifestación. Al finalizar
la manifestación -según la policía- los acusados se habían dirigido a la
sala de fiestas lanzando contra ella seis cócteles molotov que
ocasionaron el incendio y la muerte de los cuatro trabajadores que se
hallaban dentro. De esta manera quedó establecida la relación de los
detenidos con la CNT y el atentado con la manifestación. Bajo la
dirección del gobernador civil José María Belloch y del comisario
Francisco Álvarez, empezaron las detenciones en los medios
anarcosindicalistas.Sin duda lo que más sorprende es la insólita eficacia policial que había permitido encontrar a los culpables entre las 10.000 personas que aproximadamente participaron en la manifestación. Cómo consiguió la policía barcelonesa este alarde de perfección es algo que no se llegaría a saber hasta algún tiempo después. En aquel momento sólo dio lugar a toda clase de conjeturas que tenían como común denominador la sospecha de que detrás de todo había gato encerrado. Con el tiempo esa sospecha se acabaría convirtiendo en certeza.
Comienzo de la campaña orquestada contra el movimiento libertario
Los detenidos fueron debidamente acusados y procesados, pero eso no detuvo la operación policial. Muy al contrario, en los días posteriores fueron detenidas alrededor de 170 personas más, al mismo tiempo que se desataba una imponente campaña de descrédito contra la organización confederal por medio de los medios de comunicación y de los aparatos represivos del estado, que vieron la ocasión de amordazar y destruir la única fuerza con cierto peso social que amenazaba la amplia operación de blanqueo de la dictadura franquista y de los propios franquistas. Dicha operación pasaba por los Pactos de la Moncloa -a los que ni asistieron ni fueron invitadas las fuerzas sindicales, aunque luego la mayoría de las mismas los aceptaran- destinados a hacer recaer sobre las espaldas de la clase trabajadora el grueso de la crisis económica que se estaba viviendo, a costa de fuertes recortes salariales, subidas de impuestos sobre el consumo y pérdida de derechos laborales y a la vez sentar las bases de los cambios políticos que deberían llevar a la Constitución de 1978, fruto de un gran pacto entre el franquismo y una nueva clase política emergente ávida de poder.
La CNT, reacia al conjunto de dichos pactos y reacia, sobretodo, a olvidar el pasado y a renunciar a exigir cuentas al franquismo depurando todo el aparato estatal, ya fuese político, policial, judicial e incluso cultural, se había convertido en el gran objetivo a batir.
El simple hecho de aparecer en la agenda de teléfonos de algunos de los acusados o de una persona relacionada con alguno de los acusados se convirtió en motivo suficiente para ser detenido. Después de ser interrogados y pasar alguna noche en el calabozo, los detenidos eran puestos en libertad sin cargo alguno. Resultaba evidente que la policía no buscaba nada ni a nadie -ya tenían a los culpables- se trataba simplemente de amedrentar a los cenetistas y de ahuyentar de la organización a miles de trabajadores afiliados que, si bien se identificaban con la línea sindical de los anarconsindicalistas, no estaban dispuestos a llegar demasiado lejos en su adhesión, ni mucho menos a desafiar una represión policial de aquella envergadura.
La cosa no era de broma, las noticias de nuevas detenciones crearon un ambiente de inseguridad en gran parte de la afiliación. Por otra parte, la certeza de la implicación de la CNT en el atentado fue afianzándose en la opinión pública, lo que provocó un serio deterioro en la imagen de la organización y de los anarquistas por extensión. Si a esto añadimos las noticias de agresiones y asaltos por parte de grupos fascistas, que en aquellos días se incrementaron de forma muy considerable, podemos hacernos una imagen aproximada de la situación. Ser libertario en aquellos momentos se convirtió en algo bastante desagradable. Los medios de comunicación lo hicieron impopular, la policía y los grupos de la ultraderecha lo hicieron peligroso. Como consecuencia, se fueron debilitando las filas cenetistas, abandonadas por muchos trabajadores.
Ni que decir tiene que los Pactos de la Moncloa pasaron a un segundo plano.
Como hemos dicho la represión no sólo fue policial. El caso Scala marcó el comienzo de una intensa campaña de atentados contra el Movimiento Libertario y contra una CNT de nuevo en auge -ya contaba con 100.000 afiliados sólo en Cataluña- en particular protagonizada por grupos, al parecer de ultraderecha, que se escondían detrás de siglas desconocidas e indescifrables. En aquellos meses se tuvieron noticias de atentados en varias ciudades, sin que la policía demostrara la misma eficacia en detener a sus autores que había demostrado en el caso Scala.
El montaje policial sale a luz
La vista del caso tuvo lugar en diciembre de 1980. Los abogados defensores solicitaron que el ministro de gobernación, Rodolfo Martín Villa, compareciese a declarar, pero no lo hizo. Tampoco lo hizo Joaquín Gambín, confidente de la policía y responsable del incendio del Scala según la defensa. Gambín había logrado fugarse de la prisión de Elche en extrañas circunstancias y, a pesar de que tenía varias órdenes judiciales de busca y captura, la policía no pudo dar con su paradero.
La posición de la defensa apuntaba hacia un montaje policial orquestado mediante confidentes infiltrados en el sindicato CNT con el objetivo de desacreditar al sindicato ante los trabajadores y evitar así su progresión en Cataluña. La sentencia condenó a José Cuevas, Xavier Cañadas y Arturo Palma a 17 años de prisión como autores de un delito de homicidio involuntario y por fabricación de explosivos; Luis Muñoz fue condenado a dos años y seis meses por complicidad, y Rosa López, a 5 meses por encubrimiento. El recurso presentado por los abogados defensores, por quebrantamiento de forma y denegación de pruebas por la no comparecencia de Martín Villa en la vista, fue rechazado por el Supremo.
La presión sobre la policía por el asunto Gambín se multiplicó a raíz de la vista y de las exigencias, en aquel sentido, del indignado fiscal del caso, Alejandro del Toro, que desde instancias judiciales conservadores fue acusado de "simpatizar con los anarquistas". Con el paso de los años se fue descubriendo el papel crucial y decisivo que desempeñó Joaquín Gambín, el Grillo, o también conocido como el Rubio o el Legionario, en este asunto. Como se llegó a demostrar, fue él quien se infiltró en la CNT para dirigir el atentado. La presión de la prensa sobre la policía y la ausencia de Gambín en la vista del caso hicieron levantar sospechas sobre las verdaderas causas del atentado, provocando incluso desavenencias entre el Ministerio Fiscal y algunos miembros de la judicatura. Finalmente, a finales de 1981, Gambín fue detenido por la policía tras un tiroteo en Valencia. El Caso Scala volvía a abrirse.
La segunda vista del Caso Scala Barcelona, en diciembre de 1983, solo tuvo un acusado: Joaquín Gambín. La sentencia lo condenó a 7 años de prisión por acudir a la manifestación con armas y por preparación de explosivos.
Tras las cenizas del Scala
El Caso Scala fue la punta de lanza de la gran represión que se abatió sobre el movimiento libertario, en momentos de cierta debilidad organizativa y estructural debido a las evidentes divisiones que se estaban ya gestando en el seno de la anarcosindical.
Como posteriormente escribiría Xavier Cañadas Pérez, uno de los encausados y encarcelados durante ocho años por el Caso Scala:
Esta relación de hechos, documentalmente contrastados, arrojan un tal cúmulo de datos que permiten afirmar que el Caso Scala constituye el punto de inflexión de una dinámica de represión, políticamente concebida y previamente estudiada en los altos niveles del Gobierno, pues dichos hechos escapan a la competencia exclusiva de un estamento, de una sola brigada o servicio policial, de un solo magistrado, de un solo Ministerio.
La intensificación de la persecución polical contra el movimiento libertario fue alarmante. El 13 de marzo de 1978 murió Agustín Rueda, preso en la cárcel de Carbanchel, a consecuencia de la paliza que le propinaron un grupo de funcionarios de prisiones. Tres meses después Agutín Valiente falleció en Almeria mientras intentaba evitar una detención polical. En junio de 1979 el cenetista Valentín González murió por el impacto de una pelota de goma lanzada por la policía al reprimir la huega de los trabajadores del Mercado de Abastos de Valencia. Pero la represión no terminó aquí.
Ante esta situación creció el número de compañeros que optaron por la violencia como respuesta a la denominada nueva represión democrática. En febrero de 1978 se detuvo en Barcelona, Valencia y Madrid a veintidós personas acusadas de pertenecer a los Grupos Autónomos, en abril cuatro trabajadores de la SEAT de Barcelona fueron detenidos acusados de formar el Ejército Revolucionario de Ayuda al Trabajadoar (ERAT), al mes siguinete cayeron una docena de compañeros en Valladolid y ese verano continuaron las detenciones. En febro de 1979 hubo once nuevos detenido, en mayo uno más en la Junquera y en junio hubo una amplia redada contra la Federación Ibérica de Grupos Anarquistas (FIGA) en varias ciudades de la península, en agosto se produjeron cuatro nuevas detenciones en el movimeinto libertario barcelonés y en octubre otras tres en Madrid. En noviembre hubo dos heridos de bala en Valencia que pertencáin a los Grupos Autónomos Anarquistas, acusación que se repitió contra otros cuatro anarquistas detenidos en el mes de diciembre de 1979.
La ofensiva de estos miltiantes libertarios alimentó la intoxicación de los medios de comunicación, que, por jemplo, asociaban a los Comado Autónomos Anticapitalistas con ETA, y aumentó el aislamiento de la CNT y del resto de organizaciones anarquistas. Ya no había base social para revolución alguna y el movimiento libertario se fue quedando solo en la lucha por una transformación social más profunda.
El Caso Scala marcó el fin del crecimiento espectacular de la CNT y del movimiento libertario, y el inicio de su decadencia acelerada. Supuso el frenazo de una organización que crecía a ojos vista, el acentuamiento de sus divisiones y un descrédito que arrastró la organización confederal que quedó ampliamente desautorizada socialmente y prácticamente neutralizada: se consumó el gran Pacto de Estado de la Transición y de la nueva Democracia Española, sin oponentes. La monarquía democrática se consolidó con la Constitución, aprobada en referendum el 6 de diciembre de 1978.
El acoso policial, la consolidación de la monarquia democrática y el reflujo de las luchas obreras llevaron a la CNT a una seria crisis. Cerrado el periodo de luchas revolucionarias del tardofranquismo, había llegado el momento de hacer balance del largo y complicado proceso de reconstrucción y adaptarse a la nueva realidad social y política de la España de los años ochenta.
Así pues, a finales de 1979 la CNT organizaría su V Congreso y primero desde el Congreso de Zaragoza en 1936 y desde que la dictadura arrojara a la organzación a los círculos infernales de la clandestinidad y del exilio. Ya durante el periodo precongresual se hicieron evidentes las profundas divergencias que enfrentaban a los distintos grupos y tendencias que convivían en el seno de la organización. No había discrepancias en el diagnóstico de la situación por la que atravesaba la CNT y el conjunto del movimiento libertario, pero las diferencias eran muy agudas cuando se buscaban las causas y se proponían las soluciones.
Según se iba profundizando en el debate, se fueron decantando dos grandes corrientes de opinión que confluirían al Congreso para generar la primera gran escisión de la CNT desde 1933.
Fuente: CNT Madrid
http://puertoreal.cnt.es/es/denuncias/3084-guerra-sucia-del-estado-espanol-contra-el-anarcosindicalismo.html
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