viernes 24 de febrero de 2012
(A propósito del derrame petrolero de Monagas y los planteamientos de Frank Bracho)
Por Alexander Luzardo Nava
El artículo del Ex Embajador de Venezuela en la india, Frank Bracho, es pertinente. Bracho es una persona comprometida con las luchas ambientales desde hace muchos años, incluyendo su activa participación en la Red de Alerta Petrolera. Testimonios sobre derrames petroleros los posee de sobra, por provenir de los campos petroleros del Zulia, así como artículos y libros vinculados a la temática petrolera y ambiental que cuestionan el paradigma petrolero.
Bracho posee no solamente buena pluma, también una capacidad y rigor analítico como economista. Postgraduado en la Universidad de Stanford y luego de visitar más de cien países asistiendo a congresos, conferencias y otros eventos, probablemente sus planteamientos así como los de Jorge Padrón, otro destacado ambientalista, requieren ser ampliados y profundizados. Recordemos que el movimiento ambiental no se reduce a limitadas experiencias recientes.
En todo caso, se trata de discutir sobre políticas ambientales y no sólo de detalles técnicos. Por ejemplo, de la necesidad de avanzar en la construcción y consolidación de un movimiento social ambiental, independiente de grupos económicos, petroleros y del Estado. (subrayado El Libertario)
Dicho movimiento, en el cual estuve directamente involucrado, ya ha obtenido logros importantes durante la década de 1980-1990 y años posteriores. Estos aportes deben ser destacados e incorporados para este nuevo tiempo que utiliza las nuevas tecnologías de la comunicación, pero que son insuficientes.
En aquellos momentos la gente salió a la calle, hubo organización social, parlamento, ONG´s., presencia masiva en los medios, influencia en los partidos políticos y en el Ejecutivo Nacional. La gran mayoría de ese movimiento constituido por grupos e individualidades no ha sido coartado, solo muy pocos, no precisamente los mas representativos, con las debidas excepciones.
Por ejemplo, el movimiento que lucha en la Sierra de Perijá, Estado Zulia, es heterogéneo. Está integrado por indígenas y ambientalistas y es modelo de continuidad y compromiso. Sus miembros tienen más de 25 años arriesgando la vida. Probablemente es el movimiento de mayor significación actual en Venezuela pues militan personas vinculadas al proyecto político del actual presidente, pero son muy críticos. También lo integra gente que se opone a las políticas carboníferas auspiciadas por el gobierno de turno, junto con sectores de oposición o grupos económicos vinculados a éstos. Las cosas no son blanco y negro porque la conservación del ambiente en nuestros días y hacia el futuro, se enmarca en el paradigma de la complejidad política, social, económica, ecológica, biológica, física, cultural y jurídica global.
Yo recomiendo a los que quieran conocer o investigar sobre esas luchas, que revisen en la prensa de ese período, temas como Amazonas, Nuevas Tribus, minería en Guayana, el carbón en la Sierra de Perijá, la carretera sobre el Parque Nacional Canaima, la lucha por la aprobación de la Ley Penal del Ambiente, la descontaminación de los lagos de Maracaibo y Valencia, el caso de la Sierra de San Luis (Estado Falcón), el Cerro El Café en Valencia, el Parque San Esteban, el caso de los garimpeiros, la impugnación del Decreto 1850 (hoy 3110, que decreta la apertura minera en la Reserva Forestal de Imataca, simbolo del Movimiento Ambiental Venezolano), el tendido eléctrico hacia Brasil, el derrame petrolero del Nissos Amorgo, las luchas por el Refugio de Fauna y Reserva de Pesca de Los Olivitos, los desechos tóxicos de Puerto Cabello, la persistente lucha del pueblo El Hornito contra la petroquímica de El Tablazo, los daños de las petroleras transnacionales en el Delta de Orinoco, la minería estatal de la CVG, la invasión del Parque Nacional Yapacana, los lodos rojos de las empresas de Guayana en las orillas del Orinoco, la creación del Parque Parima Tapirapecó y la Reserva de Biósfera Alto Orinoco Casiquiare (como respuesta a la minería de oro y las concesiones de casiterita aluvional), así como numerosos derrames petroleros en el Catatumbo y el lago de Maracaibo de la PDVSA de ayer y de hoy.
En 1990 la presencia de garimpeiros depredando y contaminando el ambiente del Alto Orinoco galvanizó la opinión nacional. Vinculamos al Ejecutivo con la necesidad de aprobar la Ley Penal del Ambiente: En abril de 1990 tomé la decisión de convocar una marcha ecológica desde la esquina de Pajaritos en Caracas, a la 10 A.M. pero a las 11:45 A.M. no había llegado nadie, estaba íngrimo, soportando las miradas de burla disimulada y la comprensión y respeto de otras personas. A esa hora sólo contaba con el apoyo de la Fundación Ecodesarrollo que coordinaba y Eduardo Szeplaki quien presidía Fundatrópicos. A las 12m comenzaron a hacer acto de presencia grupos de la UCV, algunos de mis alumnos de la UCV de la época, luego llegaron autobuses de Yaracuy, de la universidad de Carabobo, Maracay, y se fue sumando gente de la calle. Los manifestantes se disfrazaron con mascaras anti-gas, por la contaminación de la ciudad, trajeron zancos y hubo representación teatral en la calle. Llegó la prensa nacional e internacional, nos dirigimos al Congreso Nacional. La movilización y el despliegue fue un éxito y contribuyó a levantar el movimiento ambiental en todo el país. Se realizaron posteriormente dos marchas ecológicas entre 1990 y 1991.
En 1993 la actividad de calle la convocamos desde la Plaza del Rectorado de la UCV en protesta por la matanza de los Yanomami y el ecocidio perpetrado por garimpeiros brasileños en el Alto Orinoco. Nos recibió el Fiscal General de la República, Ramón Escobar Salóm. En 1997 convoqué a una rueda de prensa en la sede del colegio de sociólogos y antropólogos con el apoyo de la Fundación Ecodesarrollo.
Asistió el diario El Universal que destacó la información sobre el Decreto minero 1850. Imataca se convirtió en un fenómeno comunicacional generando un debate nacional.
Convocamos una marcha desde la Plaza Caracas hasta el Congreso y fue un éxito. Demandamos el Decreto en la Corte Suprema de Justicia acompañados de Tulio Álvarez, Juan Sans, Alicia García, María Eugenia Bustamante y José Moya. Nos recibió la Directiva del Congreso, sus comisiones de ambiente nos apoyaron, asimismo, el Fiscal General de la República Iván Darío Vadell, quien también solicitó la nulidad del Decreto ante la Corte Suprema de Justicia presidida por la Dra. Cecilia Sosa, acogió nuestra solicitud de paralizar el Decreto a través de una medida cautelar innominada, mientras se decidía sobre el fondo de la materia. Esta medida en la práctica liquidó el Decreto.
El movimiento ambiental que estaba dormido se levantó y desarrolló una poderosa corriente de opinión que se convirtió en un cuestionamiento al desarrollismo y al gobierno de turno, incluyendo a varios de sus ministros emblemáticos. Luego vino el tendido eléctrico, la presidencia de la Comisión de Ambiente del Senado en el 99, en manos por primera vez de alguien que procedía de las luchas ambientales, desde esta instancia asumimos la elaboración de la normas ambientales de la Constitución, aprobadas primero en la comisión constitucional presidida por Herman Escarrá y luego ratificada con leves ajustes por la comisión respectiva y la plenaria, previa aceptación de la presidencia de la Asamblea y el nivel político que la acogió y al cual yo tenia acceso en esa época.
El programa ambiental del actual Presidente de la República, donde se cuestionaba el desarrollismo subyacente en las políticas económicas, se presentó en acto realizado en el Hotel Caracas Hilton el 26 de noviembre de 1998, con 85 puntos. Luego sería desechado por él y su equipo de gobierno, lo cual provocó mi ruptura con el gobierno en el 2000. Sin embargo, algunos de los ambientalistas se sumaron después al gobierno de Chávez, y otros se quedaron. Dirigentes de la oposición actual apoyaron la continuación del tendido eléctrico y la tentativa de construir plantas nucleares, el nuevo decreto de Imataca 3110, que es el mismo 1850.
El logro más importante son los derechos ambientales constitucionales que trascienden a la constituyente, pero la incluye por supuesto. Sin esas luchas previas que crearon un entorno favorable, los derechos ambientales no serían hoy una realidad constitucional, aunque tuvo sus detractores en la constituyente y en el gobierno y de ciertos ambientalistas que por torpezas pusieron en peligro su aprobación.
Estos testimonios y reflexiones estimuladas por el artículo de Frank Bracho y demás opiniones, pretenden ser una contribución a la historia contemporánea del movimiento ambiental en un país que oculta su memoria, que la reprime o la desconoce, o en algunos casos, pretende asumirla solo a partir de una experiencia restringida.
El problema con los garimpeiros, la Ley Penal del Ambiente de 1992, Imataca y las expectativas de una nueva Constitución, levantaron el movimiento ambiental venezolano. Esperamos que el derrame petrolero actual de Jusepín en el Estado Monagas, también contribuya con este propósito. Como dice Iacoca en su libro Biografía de un Triunfador, luego que se tiene toda la información, el conocimiento técnico y político, alguien tiene que tomar la decisión, asumir el riesgo con inspiración, con fuerza, con sacrificio, con una direccionalidad, sin tantos cálculos, teniendo presente que la lucha ambiental trasciende los gobiernos, las transnacionales, las contratistas, los intereses individuales de cualquier tipo, pues tiene que ver con el destino de La Tierra y de cada uno de sus habitantes presentes y futuros.
Considero que el tema venezolano en el tapete, hoy y mañana, es el petróleo, el cambio climático y sustentabilidad, ya que todos los que aspiran gobernar y los que gobiernan, se sustentan en la misma tesis de aumentar la producción de petróleo. Ello significa avanzar en la contaminación del Orinoco, sus afluentes y ríos como el Guarapiche.
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