“Sostenemos
que el Estado es incapaz del bien. En el ámbito internacional, así como
de las relaciones individuales sólo puede combatir la agresión
haciéndose él mismo agresor, sólo puede obstaculizar el delito
organizando y cometiendo un crimen aún mayor.”
Malatesta, E.
A manera de introducción: Un breve esbozo del narcotráfico en México
La
historia del narcotráfico en México se puede rastrear a inicios del
siglo XX. La siembra de amapola y mariguana siempre ha prosperado en la
zona norte del país, ejemplo de ello es el llamado "triángulo dorado"
(región comprendida entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango)
en donde, hasta ahora, se concentra una considerable parte de la siembra
y producción de droga. La geografía accidentada del lugar y la cercanía
con Estados Unidos son las principales razones de esta particular
concentración en el norte del país, motivo por el cual México es y ha
sido tan atractivo al narcotráfico colombiano.
Sin
embargo, desde la década de los 60's, se ha podido ver claramente que
este fenómeno no se reserva a unos cuantos estados. Hoy día todo el
territorio mexicano es continuamente disputado por grandes y pequeñas
organizaciones. La respuesta del Estado ha sido aún más nociva: la
"guerra contra el narcotráfico" emprendida por Felipe Calderón, quien
asumió la presidencia en 2006, tuvo como resultado decenas de miles de
asesinatos, desapariciones y secuestros, considerados "daños
colaterales" de esta estrategia de seguridad.
No
obstante lo ya dicho, se debe hacer énfasis en que la historia del
“narco” se encuentra estrechamente ligada a la política. Así, desde los
años 70´s, el alto grado de corrupción ha permitido que el Estado
participe de este gran negocio, pues desde los efectivos más bajos de la
policía, pasando por los gobernadores municipales y estatales y
llegando a los más altos grados de la política, se han visto envueltos
en el encubrimiento, financiamiento e impulso de las actividades propias
del narcotráfico.
Actualmente
se calcula que en el estado de Guerrero tienen presencia aprox. 25
organizaciones vinculadas al narcotráfico, entre cárteles "mayores" y
"menores", siendo el estado con mayor presencia del narco y uno de los
más peligrosos en México. Entre los llamados cárteles menores (cárteles
que supuestamente sirven a los mayores) se encuentra el de "Guerreros
Unidos", célula señalada como partícipe en la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa.
México a cinco meses de Ayotzinapa
El
proyecto normalista nace a principios del siglo XX impulsado por el
gobierno posrevolucionario y como parte de la necesidad del capital de
especializar a las grandes masas de trabajadores, es así que se crean
las “Escuelas normales” que tendrán el objetivo de formar jóvenes de la
clase trabajadora. En ese marco, las normales rurales han tenido por
objeto la formación de jóvenes de origen campesino, futuros profesores
comprometidos con su comunidad, conscientes de su papel social y
encaminados al combate de la miseria, la marginación, el analfabetismo y
la desigualdad.
Desde su fundación, las normales rurales han sido catalogadas
como “semilleros de guerrilleros” y perseguidas por los sectores
conservadores de México por la amplia participación que han tenido en
los movimientos sociales, como fue el caso del comandante Lucio Cabañas y
Genaro Vázquez; ambos egresados de la normal de Ayotzinapa e impulsores
de la lucha por las demandas del pueblo. Aunado a lo anterior, el
proyecto normalista se vio permeado por el modelo de educación
socialista impulsado por el cardenismo
[1].
En
1969, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, fueron cerradas 15 de
las 29 normales que existían en el país; debido a su activa
participación en el movimiento estudiantil de 1968 en el que miles de
jóvenes fueron asesinados. Estos ataques no han cesado en ningún momento
y por el contrario se han agudizado, prueba de ello es que en el año
2011 en medio de las movilizaciones que exigían el aumento de la
matrícula de estudiantes, así como la destitución del director, agentes
de la policía estatal y federal, vestidos de civil abrieron fuego contra
los jóvenes estudiantes asesinando de un disparo en la cabeza a dos de
ellos e iniciando con ello la persecución y hostigamiento de los jóvenes
normalistas de Ayotzinapa.
El más
grande ataque a las normales rurales, ocurrió el día 26 de septiembre
del presente año, cuando policías municipales coludidos con el grupo de
narcotraficantes “Guerreros Unidos”, en medio de la noche, abrieron
fuego en contra de un camión en el que se transportaban los jóvenes
estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, asesinando a 4 de ellos y
desapareciendo a 43. Al día siguiente del tiroteo, fue encontrado el
cuerpo de Julio César Mondragón, estudiante de la normal de Ayotzinapa,
sin rostro y con rastros de tortura.
Fue a
partir de estos hechos que tanto los padres de los jóvenes desaparecidos
como los integrantes de la FECSM iniciaron procesos de movilización
exigiendo el esclarecimiento de los hechos, la aparición con vida de los
43 jóvenes y el castigo a los responsables. Ante estos hechos, la
reacción del Estado ha evidenciado no sólo su ineptitud sino que,
además, ha visibilizado los nexos que éste mantiene con el narcotráfico,
así como que los niveles de corrupción e impunidad en México no tienen
límites, un ejemplo de ello es que el gobernador del Estado –responsable
del despliegue policial que asesinó a los jóvenes- ha sido exonerado de
toda responsabilidad, así como el alcalde del municipio -quien meses
después fue ridículamente encontrado en una vecindad del Distrito
Federal-.
Conforme avanzó el tiempo, diferentes fueron las tácticas del
Estado para desmovilizar e intentar dar una “respuesta” a los padres de
los 43 jóvenes, desde iniciar una supuesta averiguación para ver si
algún miembro de la policía había participado de los hechos, capturar a
los “presuntos” miembros del grupo “guerreros unidos”, hasta emitir
declaraciones oficiales avaladas por peritos estatales, afirmando que
habían encontrado los restos de los jóvenes desaparecidos en un tiradero
de un sitio llamado Cocula
[2].
No obstante lo anterior, peritos argentinos y especialistas de
la Universidad Nacional Autónoma de México refutaron la teoría del
Estado y han hecho evidente la imposibilidad de que los cuerpos del los
normalistas fueran cremado en Cocula pues, según las investigaciones,
éstos sólo podrían haber sido calcinados en hornos especiales para ello
[3].
Aunado a lo anterior, los padres de Julio César López, uno de los 43
desparecidos, rastrearon la ubicación de su hijo mediante el GPS de su
celular, encontrando que al señal indicaba que el último lugar donde
estuvo el joven normalista fue en las instalaciones del 27° Batallón de
infantería de Iguala.
Lo anterior, hace aún más sólida la teoría de los peritos
independientes que apunta a responsabilizar al Estado como partícipe de
la desaparición, tortura y asesinato de los 43 normalistas pues, los
cuarteles militares no sólo son de acceso limitado sino que, además, en
ellos hay hornos con las características que se necesitan para cremar
cuerpos. Por esta razón, el 12 de enero de 2015 “…mientras os padres
dirigían un discurso, en el que denunciaban que tenían pruebas de que
los soldados de ese batallón intervinieron en los hechos del 26 de
septiembre, estudiantes lograron abrir la puerta del cuartel general,
por lo que la policía militar formó un cerco para evitar su ingreso, sin
embargo, a las 13:55 los padres lograron burlar la seguridad y avanzar
unos pasos a interior del cuartel
[4].”
Desde
entonces, en Guerrero se han realizado tomas de ayuntamientos y palacios
municipales, la destrucción del senado del Estado de Guerrero, los
cierres de carreteras, así como la expropiación de “supermercados” y la
entrada a cuarteles militares. Por otra parte no ha cesado el creciente
proceso de creación de auto-defensas, fruto de la auto-organización de
los pueblos como respuesta a la inseguridad patrocinada por el Estado y
sus cuerpos de “seguridad y la violencia del narco.
Por
otra parte, A través de las jornadas globales en acción con Ayotzinapa
se han conglomerado gran número de personas en México y en ciudades de
todo el mundo, cabe señalar que la gradual convocatoria dejó ver un gran
apoyo cuantitativo, mies de personas en México y alrededor del mundo en
marchas, bloqueos, tomas simbólicas, mítines, eventos, paros
estudiantiles, entre otros. Las universidades, calles, embajadas y
plazas alrededor del mundo gritando “¡Vivos los queremos!”
La respuesta del Estado no se dejó esperar, si bien por semanas
se mostró “permisivo” ante las moviizaciones, lo cierto es que conforme
se intensificaban éstas, comenzó a propagase a través de los medios de
comunicación masiva la idea de que estas acciones perturbaban la “paz
social”, un ejemplo de la criminalización ejercida en el Distrito
Federal fue el día 20 de noviembre, día en que las fuerzas de seguridad
reprimieron en dos momentos: en la tarde, durante el enfrentamiento
entre manifestantes y elementos antimotines por el intento del cerco al
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en la noche, durante
una marcha que llegó al zócalo de la Ciudad de México, el saldo fueron
15 detenidos por la acción del AICM (ya liberados) y 11 detenidos en el
zócalo (estos últimos, antes de ser liberados, fueron trasladados a
penales de máxima seguridad de Veracruz -hombres- y Nayarit -mujeres-.).
Cabe señalar que las detenciones del zócalo fueron totalmente
arbitrarias; se les imputaron cargos de motín, homicidio en grado de
tentativa y asociación delictuosa
[5].
Este
suceso fue un duro e intimidante golpe, un fuerte mensaje hacia la
movilización. A estos sucesos se suma que a principios del mes de
diciembre de este año, salió a la luz la intención de expedir una "ley
reglamentaria que acota las marchas y otras movilizaciones", conocida
como "ley antimarchas", la cual se retomará en el Congreso al iniciar el
siguiente año 2015. Esto bajo el argumento de "regular y ordenar las
marchas y movilizaciones".
El
pasado 27 de enero, el Estado declaró en conferencia de prensa su
intención de dar por terminada la investigación por el caso de los 43,
además de fortalecer el ataque a la educación pública y gratuita,
políticas que se enmarcan en el ataque a la CNTE, el golpe contra el
proyecto educativo politécnico y el crimen de Estado cometido en contra
de los jóvenes normalistas de Guerrero. Así, tras meses de
movilizaciones masivas, de paros en las Universidades, así como de
acciones de solidaridad en todo el mundo, el gobierno no sólo ha
mantenido su firme política en contra de la educación pública y el
movimiento normalista sino que además, ha mostrado de manera evidente
los nexos que el Estado ha mantenido hasta ahora con el narcotráfico.
Por otra parte, el proceso de Ayotzinapa, ha puesto en cuestión
la posibilidad de una democracia representativa en México y en ciertos
lugares, la inviabilidad del Estado como garantes de los intereses de
las mayorías, lo anterior sumado a los previos procesos de
autorganización en el país, han sido semillero de lucha, así las
acciones en Guerrero, Oaxaca y Michoacán han dado ejemplo de
combatividad pues, por una parte en los hechos han confrontado
directamente al Estado y a los intereses capitalistas, n ejemplo de ello
es que en Guerrero se han realizado acciones tendientes a impedir que
se realicen las próximas elecciones en Guerrero
[6].
A manera de conclusión
Hasta
hoy día, vemos movilizaciones que reivindican la presentación con vida
de los 43 y señalan al Estado como responsable, mientras se oponen de
manera abierta a los circos electorales que éste implementa para
continuar legitimando la tiranía democrática. Por otra parte, en tanto
que el país se desangra día a día por los golpes que le han infligido
políticas liberales y falsos profetas que prometen un cambio por la vía
institucional, vemos cómo parte de la presión social generada dentro de
esta caldera hirviente de represión y desigualdad social encuentra su
salida en el narcotráfico. A su vez, es evidente que estas fuerzas no
representan un peligro para la estructura estatal ni mucho menos para la
economía de mercado, ya que su razón de existir es la acumulación de
capital.
La
cultura del narcotráfico propaga la ideología liberal, mientras sus
bazas se encuentran en el sector más vulnerable de la población, entre
los condenados de la tierra. El ideal de desmedido consumo y ejercicio
de la violencia que permea en la cultura del narcotráfico complica la
proliferación de un discurso de clase. Los cerca de 50 millones de
desposeídos son los que van a engrosar las filas de estos mercenarios
que pelean por intereses ajenos a los suyos.
El
llamado Narco-Estado es solo un botón de muestra de que el Estado tiene
intereses de clase: importa poco si están dentro o fuera del marco de la
ley, las clases dominantes hacen lo posible para perpetuarse y
conservar sus privilegios. Grupos que proliferan a lo largo del país,
tanto dentro como fuera del marco legal, demuestran su fuerza y con ella
hacen valer sus exigencias. En ese sentido, la desaparición de nuestros
43 compañeros solo puede ser muestra de la guerra de clases que se
recrudece a cada momento. No basta con gritar “¡Fue el Estado!”, ni con
pedir migajas de justicia a las instituciones estatales que abiertamente
se encuentran coludidas con las fuerzas del narcotráfico; es necesario
que se llene de contenido la consigna de que “¡Fue el Estado!” y que se
caracterice al Estado para dar cuenta de por qué éste no puede actuar de
manera imparcial ni puede garantizar la justicia para los oprimidos, no
basta con repudiar a “Peña” y al PRI por la brutalidad que ejercen
contra las grandes masas de trabajadores pues éstos son sólo una pequeña
parte (aunque sí la más reaccionaria) de la enorme maquinaria
capitalista.
Tenemos
la necesidad de romper las cadenas que nos atan al patriarcado, a las
democracias burguesas no representativas y a los partidos que,
enarbolando una bandera de “izquierda”, no hacen sino reproducir en su
seno los males de esta sociedad en descomposición. Tirar los muros de
prisiones, fronteras y escuelas que enseñan el dogma liberal. Pero sobre
todo, tratar de hermanarnos con las luchas que se están dando en estos
momentos y cuya postura es anticapitalista y antiestatista que se están
llevando a cabo en diferentes latitudes y asumir que estamos viviendo en
una lucha de clases.
Tenemos
claro que el Estado es el responsable del matanza de Iguala y de los
compañeros desaparecidos, que frente el monopolio de la fuerza solo nos
queda construir las bases de la autodefensa; también tenemos claro que
frente a este monopolio de la fuerza no podemos responder de la misma
manera, llegando a la toma de poder, sino construir desde la base el
comunismo libertario; consideramos que contra el culto a la nación y el
aval ideológico de sus ficciones fundacionales debemos hacer posible que
germine el apoyo mutuo. Debemos construir una sociedad nueva en este
mundo que se colapsa.
http://www.adargainfo.com/hijosdelpueblo/miradas-a-1/item/94-ayotzinapa-y-el-terrorismo-de-estado
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