“Sostenemos
que el Estado es incapaz del bien. En el ámbito internacional, así como
de las relaciones individuales sólo puede combatir la agresión
haciéndose él mismo agresor, sólo puede obstaculizar el delito
organizando y cometiendo un crimen aún mayor.”
Malatesta, E.
Malatesta, E.
A manera de introducción: Un breve esbozo del narcotráfico en México
La historia del narcotráfico en México se puede rastrear a inicios del siglo XX. La siembra de amapola y mariguana siempre ha prosperado en la zona norte del país, ejemplo de ello es el llamado "triángulo dorado" (región comprendida entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango) en donde, hasta ahora, se concentra una considerable parte de la siembra y producción de droga. La geografía accidentada del lugar y la cercanía con Estados Unidos son las principales razones de esta particular concentración en el norte del país, motivo por el cual México es y ha sido tan atractivo al narcotráfico colombiano.
Sin embargo, desde la década de los 60's, se ha podido ver claramente que este fenómeno no se reserva a unos cuantos estados. Hoy día todo el territorio mexicano es continuamente disputado por grandes y pequeñas organizaciones. La respuesta del Estado ha sido aún más nociva: la "guerra contra el narcotráfico" emprendida por Felipe Calderón, quien asumió la presidencia en 2006, tuvo como resultado decenas de miles de asesinatos, desapariciones y secuestros, considerados "daños colaterales" de esta estrategia de seguridad.
No obstante lo ya dicho, se debe hacer énfasis en que la historia del “narco” se encuentra estrechamente ligada a la política. Así, desde los años 70´s, el alto grado de corrupción ha permitido que el Estado participe de este gran negocio, pues desde los efectivos más bajos de la policía, pasando por los gobernadores municipales y estatales y llegando a los más altos grados de la política, se han visto envueltos en el encubrimiento, financiamiento e impulso de las actividades propias del narcotráfico.
Actualmente se calcula que en el estado de Guerrero tienen presencia aprox. 25 organizaciones vinculadas al narcotráfico, entre cárteles "mayores" y "menores", siendo el estado con mayor presencia del narco y uno de los más peligrosos en México. Entre los llamados cárteles menores (cárteles que supuestamente sirven a los mayores) se encuentra el de "Guerreros Unidos", célula señalada como partícipe en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
México a cinco meses de Ayotzinapa
El proyecto normalista nace a principios del siglo XX impulsado por el gobierno posrevolucionario y como parte de la necesidad del capital de especializar a las grandes masas de trabajadores, es así que se crean las “Escuelas normales” que tendrán el objetivo de formar jóvenes de la clase trabajadora. En ese marco, las normales rurales han tenido por objeto la formación de jóvenes de origen campesino, futuros profesores comprometidos con su comunidad, conscientes de su papel social y encaminados al combate de la miseria, la marginación, el analfabetismo y la desigualdad.
Desde su fundación, las normales rurales han sido catalogadas como “semilleros de guerrilleros” y perseguidas por los sectores conservadores de México por la amplia participación que han tenido en los movimientos sociales, como fue el caso del comandante Lucio Cabañas y Genaro Vázquez; ambos egresados de la normal de Ayotzinapa e impulsores de la lucha por las demandas del pueblo. Aunado a lo anterior, el proyecto normalista se vio permeado por el modelo de educación socialista impulsado por el cardenismo [1].
En 1969, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, fueron cerradas 15 de las 29 normales que existían en el país; debido a su activa participación en el movimiento estudiantil de 1968 en el que miles de jóvenes fueron asesinados. Estos ataques no han cesado en ningún momento y por el contrario se han agudizado, prueba de ello es que en el año 2011 en medio de las movilizaciones que exigían el aumento de la matrícula de estudiantes, así como la destitución del director, agentes de la policía estatal y federal, vestidos de civil abrieron fuego contra los jóvenes estudiantes asesinando de un disparo en la cabeza a dos de ellos e iniciando con ello la persecución y hostigamiento de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
El más grande ataque a las normales rurales, ocurrió el día 26 de septiembre del presente año, cuando policías municipales coludidos con el grupo de narcotraficantes “Guerreros Unidos”, en medio de la noche, abrieron fuego en contra de un camión en el que se transportaban los jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, asesinando a 4 de ellos y desapareciendo a 43. Al día siguiente del tiroteo, fue encontrado el cuerpo de Julio César Mondragón, estudiante de la normal de Ayotzinapa, sin rostro y con rastros de tortura.
Fue a partir de estos hechos que tanto los padres de los jóvenes desaparecidos como los integrantes de la FECSM iniciaron procesos de movilización exigiendo el esclarecimiento de los hechos, la aparición con vida de los 43 jóvenes y el castigo a los responsables. Ante estos hechos, la reacción del Estado ha evidenciado no sólo su ineptitud sino que, además, ha visibilizado los nexos que éste mantiene con el narcotráfico, así como que los niveles de corrupción e impunidad en México no tienen límites, un ejemplo de ello es que el gobernador del Estado –responsable del despliegue policial que asesinó a los jóvenes- ha sido exonerado de toda responsabilidad, así como el alcalde del municipio -quien meses después fue ridículamente encontrado en una vecindad del Distrito Federal-.
Conforme avanzó el tiempo, diferentes fueron las tácticas del Estado para desmovilizar e intentar dar una “respuesta” a los padres de los 43 jóvenes, desde iniciar una supuesta averiguación para ver si algún miembro de la policía había participado de los hechos, capturar a los “presuntos” miembros del grupo “guerreros unidos”, hasta emitir declaraciones oficiales avaladas por peritos estatales, afirmando que habían encontrado los restos de los jóvenes desaparecidos en un tiradero de un sitio llamado Cocula [2].
No obstante lo anterior, peritos argentinos y especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México refutaron la teoría del Estado y han hecho evidente la imposibilidad de que los cuerpos del los normalistas fueran cremado en Cocula pues, según las investigaciones, éstos sólo podrían haber sido calcinados en hornos especiales para ello [3]. Aunado a lo anterior, los padres de Julio César López, uno de los 43 desparecidos, rastrearon la ubicación de su hijo mediante el GPS de su celular, encontrando que al señal indicaba que el último lugar donde estuvo el joven normalista fue en las instalaciones del 27° Batallón de infantería de Iguala.
Lo anterior, hace aún más sólida la teoría de los peritos independientes que apunta a responsabilizar al Estado como partícipe de la desaparición, tortura y asesinato de los 43 normalistas pues, los cuarteles militares no sólo son de acceso limitado sino que, además, en ellos hay hornos con las características que se necesitan para cremar cuerpos. Por esta razón, el 12 de enero de 2015 “…mientras os padres dirigían un discurso, en el que denunciaban que tenían pruebas de que los soldados de ese batallón intervinieron en los hechos del 26 de septiembre, estudiantes lograron abrir la puerta del cuartel general, por lo que la policía militar formó un cerco para evitar su ingreso, sin embargo, a las 13:55 los padres lograron burlar la seguridad y avanzar unos pasos a interior del cuartel [4].”
Desde entonces, en Guerrero se han realizado tomas de ayuntamientos y palacios municipales, la destrucción del senado del Estado de Guerrero, los cierres de carreteras, así como la expropiación de “supermercados” y la entrada a cuarteles militares. Por otra parte no ha cesado el creciente proceso de creación de auto-defensas, fruto de la auto-organización de los pueblos como respuesta a la inseguridad patrocinada por el Estado y sus cuerpos de “seguridad y la violencia del narco.
Por otra parte, A través de las jornadas globales en acción con Ayotzinapa se han conglomerado gran número de personas en México y en ciudades de todo el mundo, cabe señalar que la gradual convocatoria dejó ver un gran apoyo cuantitativo, mies de personas en México y alrededor del mundo en marchas, bloqueos, tomas simbólicas, mítines, eventos, paros estudiantiles, entre otros. Las universidades, calles, embajadas y plazas alrededor del mundo gritando “¡Vivos los queremos!”
La respuesta del Estado no se dejó esperar, si bien por semanas se mostró “permisivo” ante las moviizaciones, lo cierto es que conforme se intensificaban éstas, comenzó a propagase a través de los medios de comunicación masiva la idea de que estas acciones perturbaban la “paz social”, un ejemplo de la criminalización ejercida en el Distrito Federal fue el día 20 de noviembre, día en que las fuerzas de seguridad reprimieron en dos momentos: en la tarde, durante el enfrentamiento entre manifestantes y elementos antimotines por el intento del cerco al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en la noche, durante una marcha que llegó al zócalo de la Ciudad de México, el saldo fueron 15 detenidos por la acción del AICM (ya liberados) y 11 detenidos en el zócalo (estos últimos, antes de ser liberados, fueron trasladados a penales de máxima seguridad de Veracruz -hombres- y Nayarit -mujeres-.). Cabe señalar que las detenciones del zócalo fueron totalmente arbitrarias; se les imputaron cargos de motín, homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa [5].
Este suceso fue un duro e intimidante golpe, un fuerte mensaje hacia la movilización. A estos sucesos se suma que a principios del mes de diciembre de este año, salió a la luz la intención de expedir una "ley reglamentaria que acota las marchas y otras movilizaciones", conocida como "ley antimarchas", la cual se retomará en el Congreso al iniciar el siguiente año 2015. Esto bajo el argumento de "regular y ordenar las marchas y movilizaciones".
El pasado 27 de enero, el Estado declaró en conferencia de prensa su intención de dar por terminada la investigación por el caso de los 43, además de fortalecer el ataque a la educación pública y gratuita, políticas que se enmarcan en el ataque a la CNTE, el golpe contra el proyecto educativo politécnico y el crimen de Estado cometido en contra de los jóvenes normalistas de Guerrero. Así, tras meses de movilizaciones masivas, de paros en las Universidades, así como de acciones de solidaridad en todo el mundo, el gobierno no sólo ha mantenido su firme política en contra de la educación pública y el movimiento normalista sino que además, ha mostrado de manera evidente los nexos que el Estado ha mantenido hasta ahora con el narcotráfico.
Por otra parte, el proceso de Ayotzinapa, ha puesto en cuestión la posibilidad de una democracia representativa en México y en ciertos lugares, la inviabilidad del Estado como garantes de los intereses de las mayorías, lo anterior sumado a los previos procesos de autorganización en el país, han sido semillero de lucha, así las acciones en Guerrero, Oaxaca y Michoacán han dado ejemplo de combatividad pues, por una parte en los hechos han confrontado directamente al Estado y a los intereses capitalistas, n ejemplo de ello es que en Guerrero se han realizado acciones tendientes a impedir que se realicen las próximas elecciones en Guerrero [6].
A manera de conclusión
Hasta hoy día, vemos movilizaciones que reivindican la presentación con vida de los 43 y señalan al Estado como responsable, mientras se oponen de manera abierta a los circos electorales que éste implementa para continuar legitimando la tiranía democrática. Por otra parte, en tanto que el país se desangra día a día por los golpes que le han infligido políticas liberales y falsos profetas que prometen un cambio por la vía institucional, vemos cómo parte de la presión social generada dentro de esta caldera hirviente de represión y desigualdad social encuentra su salida en el narcotráfico. A su vez, es evidente que estas fuerzas no representan un peligro para la estructura estatal ni mucho menos para la economía de mercado, ya que su razón de existir es la acumulación de capital.
La cultura del narcotráfico propaga la ideología liberal, mientras sus bazas se encuentran en el sector más vulnerable de la población, entre los condenados de la tierra. El ideal de desmedido consumo y ejercicio de la violencia que permea en la cultura del narcotráfico complica la proliferación de un discurso de clase. Los cerca de 50 millones de desposeídos son los que van a engrosar las filas de estos mercenarios que pelean por intereses ajenos a los suyos.
El llamado Narco-Estado es solo un botón de muestra de que el Estado tiene intereses de clase: importa poco si están dentro o fuera del marco de la ley, las clases dominantes hacen lo posible para perpetuarse y conservar sus privilegios. Grupos que proliferan a lo largo del país, tanto dentro como fuera del marco legal, demuestran su fuerza y con ella hacen valer sus exigencias. En ese sentido, la desaparición de nuestros 43 compañeros solo puede ser muestra de la guerra de clases que se recrudece a cada momento. No basta con gritar “¡Fue el Estado!”, ni con pedir migajas de justicia a las instituciones estatales que abiertamente se encuentran coludidas con las fuerzas del narcotráfico; es necesario que se llene de contenido la consigna de que “¡Fue el Estado!” y que se caracterice al Estado para dar cuenta de por qué éste no puede actuar de manera imparcial ni puede garantizar la justicia para los oprimidos, no basta con repudiar a “Peña” y al PRI por la brutalidad que ejercen contra las grandes masas de trabajadores pues éstos son sólo una pequeña parte (aunque sí la más reaccionaria) de la enorme maquinaria capitalista.
Tenemos la necesidad de romper las cadenas que nos atan al patriarcado, a las democracias burguesas no representativas y a los partidos que, enarbolando una bandera de “izquierda”, no hacen sino reproducir en su seno los males de esta sociedad en descomposición. Tirar los muros de prisiones, fronteras y escuelas que enseñan el dogma liberal. Pero sobre todo, tratar de hermanarnos con las luchas que se están dando en estos momentos y cuya postura es anticapitalista y antiestatista que se están llevando a cabo en diferentes latitudes y asumir que estamos viviendo en una lucha de clases.
Tenemos claro que el Estado es el responsable del matanza de Iguala y de los compañeros desaparecidos, que frente el monopolio de la fuerza solo nos queda construir las bases de la autodefensa; también tenemos claro que frente a este monopolio de la fuerza no podemos responder de la misma manera, llegando a la toma de poder, sino construir desde la base el comunismo libertario; consideramos que contra el culto a la nación y el aval ideológico de sus ficciones fundacionales debemos hacer posible que germine el apoyo mutuo. Debemos construir una sociedad nueva en este mundo que se colapsa.
http://www.adargainfo.com/hijosdelpueblo/miradas-a-1/item/94-ayotzinapa-y-el-terrorismo-de-estado
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Anarquistas
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La historia del narcotráfico en México se puede rastrear a inicios del siglo XX. La siembra de amapola y mariguana siempre ha prosperado en la zona norte del país, ejemplo de ello es el llamado "triángulo dorado" (región comprendida entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango) en donde, hasta ahora, se concentra una considerable parte de la siembra y producción de droga. La geografía accidentada del lugar y la cercanía con Estados Unidos son las principales razones de esta particular concentración en el norte del país, motivo por el cual México es y ha sido tan atractivo al narcotráfico colombiano.
Sin embargo, desde la década de los 60's, se ha podido ver claramente que este fenómeno no se reserva a unos cuantos estados. Hoy día todo el territorio mexicano es continuamente disputado por grandes y pequeñas organizaciones. La respuesta del Estado ha sido aún más nociva: la "guerra contra el narcotráfico" emprendida por Felipe Calderón, quien asumió la presidencia en 2006, tuvo como resultado decenas de miles de asesinatos, desapariciones y secuestros, considerados "daños colaterales" de esta estrategia de seguridad.
No obstante lo ya dicho, se debe hacer énfasis en que la historia del “narco” se encuentra estrechamente ligada a la política. Así, desde los años 70´s, el alto grado de corrupción ha permitido que el Estado participe de este gran negocio, pues desde los efectivos más bajos de la policía, pasando por los gobernadores municipales y estatales y llegando a los más altos grados de la política, se han visto envueltos en el encubrimiento, financiamiento e impulso de las actividades propias del narcotráfico.
Actualmente se calcula que en el estado de Guerrero tienen presencia aprox. 25 organizaciones vinculadas al narcotráfico, entre cárteles "mayores" y "menores", siendo el estado con mayor presencia del narco y uno de los más peligrosos en México. Entre los llamados cárteles menores (cárteles que supuestamente sirven a los mayores) se encuentra el de "Guerreros Unidos", célula señalada como partícipe en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
México a cinco meses de Ayotzinapa
El proyecto normalista nace a principios del siglo XX impulsado por el gobierno posrevolucionario y como parte de la necesidad del capital de especializar a las grandes masas de trabajadores, es así que se crean las “Escuelas normales” que tendrán el objetivo de formar jóvenes de la clase trabajadora. En ese marco, las normales rurales han tenido por objeto la formación de jóvenes de origen campesino, futuros profesores comprometidos con su comunidad, conscientes de su papel social y encaminados al combate de la miseria, la marginación, el analfabetismo y la desigualdad.
Desde su fundación, las normales rurales han sido catalogadas como “semilleros de guerrilleros” y perseguidas por los sectores conservadores de México por la amplia participación que han tenido en los movimientos sociales, como fue el caso del comandante Lucio Cabañas y Genaro Vázquez; ambos egresados de la normal de Ayotzinapa e impulsores de la lucha por las demandas del pueblo. Aunado a lo anterior, el proyecto normalista se vio permeado por el modelo de educación socialista impulsado por el cardenismo [1].
En 1969, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, fueron cerradas 15 de las 29 normales que existían en el país; debido a su activa participación en el movimiento estudiantil de 1968 en el que miles de jóvenes fueron asesinados. Estos ataques no han cesado en ningún momento y por el contrario se han agudizado, prueba de ello es que en el año 2011 en medio de las movilizaciones que exigían el aumento de la matrícula de estudiantes, así como la destitución del director, agentes de la policía estatal y federal, vestidos de civil abrieron fuego contra los jóvenes estudiantes asesinando de un disparo en la cabeza a dos de ellos e iniciando con ello la persecución y hostigamiento de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
El más grande ataque a las normales rurales, ocurrió el día 26 de septiembre del presente año, cuando policías municipales coludidos con el grupo de narcotraficantes “Guerreros Unidos”, en medio de la noche, abrieron fuego en contra de un camión en el que se transportaban los jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, asesinando a 4 de ellos y desapareciendo a 43. Al día siguiente del tiroteo, fue encontrado el cuerpo de Julio César Mondragón, estudiante de la normal de Ayotzinapa, sin rostro y con rastros de tortura.
Fue a partir de estos hechos que tanto los padres de los jóvenes desaparecidos como los integrantes de la FECSM iniciaron procesos de movilización exigiendo el esclarecimiento de los hechos, la aparición con vida de los 43 jóvenes y el castigo a los responsables. Ante estos hechos, la reacción del Estado ha evidenciado no sólo su ineptitud sino que, además, ha visibilizado los nexos que éste mantiene con el narcotráfico, así como que los niveles de corrupción e impunidad en México no tienen límites, un ejemplo de ello es que el gobernador del Estado –responsable del despliegue policial que asesinó a los jóvenes- ha sido exonerado de toda responsabilidad, así como el alcalde del municipio -quien meses después fue ridículamente encontrado en una vecindad del Distrito Federal-.
Conforme avanzó el tiempo, diferentes fueron las tácticas del Estado para desmovilizar e intentar dar una “respuesta” a los padres de los 43 jóvenes, desde iniciar una supuesta averiguación para ver si algún miembro de la policía había participado de los hechos, capturar a los “presuntos” miembros del grupo “guerreros unidos”, hasta emitir declaraciones oficiales avaladas por peritos estatales, afirmando que habían encontrado los restos de los jóvenes desaparecidos en un tiradero de un sitio llamado Cocula [2].
No obstante lo anterior, peritos argentinos y especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México refutaron la teoría del Estado y han hecho evidente la imposibilidad de que los cuerpos del los normalistas fueran cremado en Cocula pues, según las investigaciones, éstos sólo podrían haber sido calcinados en hornos especiales para ello [3]. Aunado a lo anterior, los padres de Julio César López, uno de los 43 desparecidos, rastrearon la ubicación de su hijo mediante el GPS de su celular, encontrando que al señal indicaba que el último lugar donde estuvo el joven normalista fue en las instalaciones del 27° Batallón de infantería de Iguala.
Lo anterior, hace aún más sólida la teoría de los peritos independientes que apunta a responsabilizar al Estado como partícipe de la desaparición, tortura y asesinato de los 43 normalistas pues, los cuarteles militares no sólo son de acceso limitado sino que, además, en ellos hay hornos con las características que se necesitan para cremar cuerpos. Por esta razón, el 12 de enero de 2015 “…mientras os padres dirigían un discurso, en el que denunciaban que tenían pruebas de que los soldados de ese batallón intervinieron en los hechos del 26 de septiembre, estudiantes lograron abrir la puerta del cuartel general, por lo que la policía militar formó un cerco para evitar su ingreso, sin embargo, a las 13:55 los padres lograron burlar la seguridad y avanzar unos pasos a interior del cuartel [4].”
Desde entonces, en Guerrero se han realizado tomas de ayuntamientos y palacios municipales, la destrucción del senado del Estado de Guerrero, los cierres de carreteras, así como la expropiación de “supermercados” y la entrada a cuarteles militares. Por otra parte no ha cesado el creciente proceso de creación de auto-defensas, fruto de la auto-organización de los pueblos como respuesta a la inseguridad patrocinada por el Estado y sus cuerpos de “seguridad y la violencia del narco.
Por otra parte, A través de las jornadas globales en acción con Ayotzinapa se han conglomerado gran número de personas en México y en ciudades de todo el mundo, cabe señalar que la gradual convocatoria dejó ver un gran apoyo cuantitativo, mies de personas en México y alrededor del mundo en marchas, bloqueos, tomas simbólicas, mítines, eventos, paros estudiantiles, entre otros. Las universidades, calles, embajadas y plazas alrededor del mundo gritando “¡Vivos los queremos!”
La respuesta del Estado no se dejó esperar, si bien por semanas se mostró “permisivo” ante las moviizaciones, lo cierto es que conforme se intensificaban éstas, comenzó a propagase a través de los medios de comunicación masiva la idea de que estas acciones perturbaban la “paz social”, un ejemplo de la criminalización ejercida en el Distrito Federal fue el día 20 de noviembre, día en que las fuerzas de seguridad reprimieron en dos momentos: en la tarde, durante el enfrentamiento entre manifestantes y elementos antimotines por el intento del cerco al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en la noche, durante una marcha que llegó al zócalo de la Ciudad de México, el saldo fueron 15 detenidos por la acción del AICM (ya liberados) y 11 detenidos en el zócalo (estos últimos, antes de ser liberados, fueron trasladados a penales de máxima seguridad de Veracruz -hombres- y Nayarit -mujeres-.). Cabe señalar que las detenciones del zócalo fueron totalmente arbitrarias; se les imputaron cargos de motín, homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa [5].
Este suceso fue un duro e intimidante golpe, un fuerte mensaje hacia la movilización. A estos sucesos se suma que a principios del mes de diciembre de este año, salió a la luz la intención de expedir una "ley reglamentaria que acota las marchas y otras movilizaciones", conocida como "ley antimarchas", la cual se retomará en el Congreso al iniciar el siguiente año 2015. Esto bajo el argumento de "regular y ordenar las marchas y movilizaciones".
El pasado 27 de enero, el Estado declaró en conferencia de prensa su intención de dar por terminada la investigación por el caso de los 43, además de fortalecer el ataque a la educación pública y gratuita, políticas que se enmarcan en el ataque a la CNTE, el golpe contra el proyecto educativo politécnico y el crimen de Estado cometido en contra de los jóvenes normalistas de Guerrero. Así, tras meses de movilizaciones masivas, de paros en las Universidades, así como de acciones de solidaridad en todo el mundo, el gobierno no sólo ha mantenido su firme política en contra de la educación pública y el movimiento normalista sino que además, ha mostrado de manera evidente los nexos que el Estado ha mantenido hasta ahora con el narcotráfico.
Por otra parte, el proceso de Ayotzinapa, ha puesto en cuestión la posibilidad de una democracia representativa en México y en ciertos lugares, la inviabilidad del Estado como garantes de los intereses de las mayorías, lo anterior sumado a los previos procesos de autorganización en el país, han sido semillero de lucha, así las acciones en Guerrero, Oaxaca y Michoacán han dado ejemplo de combatividad pues, por una parte en los hechos han confrontado directamente al Estado y a los intereses capitalistas, n ejemplo de ello es que en Guerrero se han realizado acciones tendientes a impedir que se realicen las próximas elecciones en Guerrero [6].
A manera de conclusión
Hasta hoy día, vemos movilizaciones que reivindican la presentación con vida de los 43 y señalan al Estado como responsable, mientras se oponen de manera abierta a los circos electorales que éste implementa para continuar legitimando la tiranía democrática. Por otra parte, en tanto que el país se desangra día a día por los golpes que le han infligido políticas liberales y falsos profetas que prometen un cambio por la vía institucional, vemos cómo parte de la presión social generada dentro de esta caldera hirviente de represión y desigualdad social encuentra su salida en el narcotráfico. A su vez, es evidente que estas fuerzas no representan un peligro para la estructura estatal ni mucho menos para la economía de mercado, ya que su razón de existir es la acumulación de capital.
La cultura del narcotráfico propaga la ideología liberal, mientras sus bazas se encuentran en el sector más vulnerable de la población, entre los condenados de la tierra. El ideal de desmedido consumo y ejercicio de la violencia que permea en la cultura del narcotráfico complica la proliferación de un discurso de clase. Los cerca de 50 millones de desposeídos son los que van a engrosar las filas de estos mercenarios que pelean por intereses ajenos a los suyos.
El llamado Narco-Estado es solo un botón de muestra de que el Estado tiene intereses de clase: importa poco si están dentro o fuera del marco de la ley, las clases dominantes hacen lo posible para perpetuarse y conservar sus privilegios. Grupos que proliferan a lo largo del país, tanto dentro como fuera del marco legal, demuestran su fuerza y con ella hacen valer sus exigencias. En ese sentido, la desaparición de nuestros 43 compañeros solo puede ser muestra de la guerra de clases que se recrudece a cada momento. No basta con gritar “¡Fue el Estado!”, ni con pedir migajas de justicia a las instituciones estatales que abiertamente se encuentran coludidas con las fuerzas del narcotráfico; es necesario que se llene de contenido la consigna de que “¡Fue el Estado!” y que se caracterice al Estado para dar cuenta de por qué éste no puede actuar de manera imparcial ni puede garantizar la justicia para los oprimidos, no basta con repudiar a “Peña” y al PRI por la brutalidad que ejercen contra las grandes masas de trabajadores pues éstos son sólo una pequeña parte (aunque sí la más reaccionaria) de la enorme maquinaria capitalista.
Tenemos la necesidad de romper las cadenas que nos atan al patriarcado, a las democracias burguesas no representativas y a los partidos que, enarbolando una bandera de “izquierda”, no hacen sino reproducir en su seno los males de esta sociedad en descomposición. Tirar los muros de prisiones, fronteras y escuelas que enseñan el dogma liberal. Pero sobre todo, tratar de hermanarnos con las luchas que se están dando en estos momentos y cuya postura es anticapitalista y antiestatista que se están llevando a cabo en diferentes latitudes y asumir que estamos viviendo en una lucha de clases.
Tenemos claro que el Estado es el responsable del matanza de Iguala y de los compañeros desaparecidos, que frente el monopolio de la fuerza solo nos queda construir las bases de la autodefensa; también tenemos claro que frente a este monopolio de la fuerza no podemos responder de la misma manera, llegando a la toma de poder, sino construir desde la base el comunismo libertario; consideramos que contra el culto a la nación y el aval ideológico de sus ficciones fundacionales debemos hacer posible que germine el apoyo mutuo. Debemos construir una sociedad nueva en este mundo que se colapsa.
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