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La reforma del Partido Popular al Código
Penal trae abundantes noticias. La primera es que se acentúa la lucha
del régimen contra la disidencia y las movilizaciones serán reprimidas
con el Código en la mano de un modo muy severo. Hoy, conocemos, la llave
represiva que tendrá la seguridad privada. Hay quien interpreta ya una
privatización del "trabajo" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Vean.
"Serán castigados con la pena de prisión
de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin
estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren
gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus
funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado,
que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo
el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.”
Es decir, que se abre la vía para que en
el control o represión de determinadas acciones en la calle participen
fuerzas de seguridad privada a las que deberá obedecerse con la misma
consecuencia que a los funcionarios públicos.
Y atención que no es sólo para el caso de
resistencia activa, sino que incluso la resistencia pasiva a un empleado
de una empresa de seguridad se considerará atentado.
De aprobarse así el texto, y pocas cosas
indican que no lo vaya a ser, se incrementa las posibilidades de actuar
de la Seguridad Privada en colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, lo que supone una equiparación en su consideración
a efectos de autoridad.
Seguramente veremos empresas de seguridad
privada encargadas del control de manifestaciones, lo que también puede
suponer de alguna manera una privatización de las funciones de Policía.
http://elmilicianocnt-aitchiclana.blogspot.com.es/2013/09/el-codigo-penal-de-gallardon-otorgara.html
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