M D (no quiere dar su nombre completo por miedo a las represalias de
la policía), en trámites de regularización de su permiso de residencia
en España, fue agredido por cuatro agentes de la Policía Nacional que
pretendían embarcarlo en un vuelo regular en la mañana del pasado jueves
20 de junio. Finalmente, ante la imposibilidad de deportarlo, lo
dejaron malherido en las inmediaciones de la Terminal 4 del Aeropuerto
de Madrid Barajas.
M D, de 33 años, y vecino de Lavapiés, consiguió llegar en autobús hasta
la estación de Atocha en el centro de la capital. De allí fue
trasladado inmediatamente por varios vecinos al Centro de Salud de
Lavapiés en la plaza de Agustín Lara, donde se le trató de urgencia de
sus heridas y se le realizó un primer parte de lesiones, presentando
fuertes contusiones por rodillazos y patadas en las cervicales, la
región lumbar y heridas en las muñecas por las bridas con las que estuvo
inmovilizado durante horas. Actualmente, permanece en observación. Por
miedo a las represalias de la policía, tiene miedo de presentar denuncia
por agresiones en los Juzgados de Plaza de Castilla.
Lo que ha vivido en los últimos días nuestro vecino M D, de origen
bangladeshí, no ocupará portadas de los periódicos de las principales
empresas de comunicación ni titulares de sus telediarios. Sin embargo,
su dramática historia es la de muchos migrantes sin permiso de
residencia en este país, que padecen a diario el acoso racista y el
ensañamiento de los miembros de las fuerzas de seguridad del estado.
El calvario de M D comenzó el pasado 30 de mayo, cuando acudió junto a
varios compañeros suyos a la Feria de Córdoba para dedicarse a la venta
de flores y gafas de juguete, la actividad que se ha visto obligado a
realizar para subsistir mientras termina los trámites para la obtención
de su permiso de residencia por arraigo en España. Allí fue detenido por
varios agentes de la Policía Nacional, cuyo comportamiento violento y
racista durante aquel evento ya ha sido denunciado por organizaciones
como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1181&Itemid=63
Después de pasar dos días en los calabozos de una comisaría de Córdoba
por el mero hecho de no tener documentación probatoria de su residencia
legal en territorio español, M D pasó a disposición judicial. En el
Juzgado de Instrucción nº 2 de Córdoba, el ilustrísimo magistrado-juez
titular Sr. D. Arturo Vicente Rueda, dictó el inmediato ingreso de
nuestro vecino en el CIE de Algeciras, a petición del instructor del
procedimiento, el responsable de la unidad de extranjería del Cuerpo
Nacional de Policía de Córdoba. Allí fue trasladado durante la tarde del
día 1 de junio.
Recordemos que el ingreso en los Centros de Internamiento para
Extranjeros, donde dos personas murieron por agresiones policiales y
negligencia médica solo en 2011, es una medida cautelar de detención que
los jueces, según sus propias leyes, no deberían decretar más que en
circunstancias extremadamente excepcionales. No estar en posesión de un
permiso de residencia en regla constituye en España una falta
administrativa de igual gravedad que una infracción de tráfico o
circular sin billete en un transporte público, y su castigo debería ser,
según sus leyes y reglamentos, proporcional a su gravedad, no pudiendo
acarrear, por lo general, más que una multa.
Sin embargo, jueces como el ilustrísimo Sr. D. Arturo Vicente Rueda
se saltan este principio de proporcionalidad y envían de forma
sistemática a trabajadores y trabajadoras migrantes a estos campos de
internamiento que no son sino centros penitenciarios donde pueden pasar
hasta dos meses de reclusión sin haber cometido ningún delito.
En el plazo establecido de 72 horas, los compañeros de M D en el
Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés
hicieron llegar al abogado del turno de oficio la documentación en que
quedaba probado su arraigo social en el barrio. Para más inri, entre la
documentación que el juez tuvo que examinar estaban los contratos de
trabajo que M D tenía que presentar el día 24 de junio en la oficina de
extranjería de la C/ San Nicasio de Leganés. El documento de su cita
para solicitar la autorización de residencia temporal por arraigo lo
portaba M D en el momento de su detención en Córdoba y debería haber
sido más que suficiente para demostrar su identidad, sin necesidad de
haber sido conducido a dependencias policiales y mucho menos recluido
durante casi 48 en un tenebroso calabozo.
En todo caso, todos pensábamos que aquella pesadilla iba a terminar
en el momento en que el juez examinase la documentación que le remitimos
desde Madrid, en la que constaban numerosos cursos y certificados que
probaban su residencia en España durante más de tres años, el informe
positivo de arraigo expedido desde la Comunidad de Madrid y la
mencionada cita para regularizar su situación, fijada para el día 24 de
junio. Pensábamos que, a su regreso de Algeciras, M D podría presentarse
a su cita y recordar su prisión en Córdoba y Algeciras como un mal
sueño.
Para nuestra sorpresa, el pasado 19 de junio hacia las 12:30, desde
el juzgado nº2 de Córdoba comunicaron al abogado de oficio la
desestimación de su recurso de reforma. Las argumentaciones esgrimidas
en el auto, no son sólo contrarias a derecho, sino contrarias a la
dignidad humana, al sentido común y a la inteligencia de cualquier
persona que se aproxime a este caso. Desde el Grupo de Migración y
Convivencia de la Asamblea de Lavapiés entendemos que solo una mente
impregnada de racismo e ignorancia puede permitirse el lujo de firmar
párrafos como el siguiente:
“No creemos que deba confundirse el arraigo en nuestro país (…) con
el deseo de no ser expulsado”. “El recurrente no tiene arraigo laboral
en España, sino facilidad de movilidad, y sus familiares más cercanos se
encuentran en Bangladesh”.
En efecto, la mujer y los dos hijos de M D viven en la ciudad de
B-Baria en Bangladesh, y sobreviven gracias a las pequeñas remesas de
dinero que cada cierto tiempo M D consigue enviarles con lo poco que le
sobra de comer y pagar el alquiler de su habitación compartida en el
barrio Lavapiés. Bien poco tendría que leer, viajar y convivir el
ilustrísimo Sr. D. Arturo Vicente Rueda para descubrir las causas
políticas y económicas por las que personas como M D luchan por salir
adelante en un país como el nuestro. Sin embargo, nosotros solo tenemos
tiempo aquí para señalar las irregularidades legales perpetradas por su
señoría, que acabaron con el encarcelamiento y posterior tortura de
nuestro vecino M D.
La primera de ellas, la de haber ordenado el internamiento en un CIE
de una persona que tenía una orden de expulsión que, como él mismo
reconoce en su auto de 19 de junio, “tiene dos años de antigüedad”,
precisamente el plazo de tiempo en que las órdenes de expulsión caducan.
Además, en un hecho insólito, acepta como argumento de la parte
fiscal el hecho de que ya había una fecha fijada para la expulsión de
nuestro vecino: el día 20 de junio. No entendemos para qué el juez
otorga al abogado del recurrente, en el penúltimo párrafo de su auto, un
plazo de cinco días para interponer un recurso de apelación, si la
deportación ya iba a ser ejecutada al día siguiente. En caso de que el
abogado de oficio la hubiera presentado, M D se encontraría en la mayor
de las indefensiones, a once mil kilómetros de distancia y sin ningún
derecho sobre la jurisdicción española.
Por último, entre los documentos de identidad que la policía requisó a
M D mientras lo secuestraba en la Feria de Córdoba estaba su pasaporte,
que tenía caducado desde hacía unos meses. Con ese pasaporte caducado
como único documento de identidad lo condujeron en un coche patrulla
desde Algeciras hasta Madrid durante la tarde y noche del día 19, sin
informarle en ningún momento del motivo de su traslado. Finalmente, lo
encerraron a altas horas de la madrugada en los calabozos de una
comisaría próxima a Barajas. Durante el trayecto desde Algeciras hasta
Madrid, los policías le dieron de beber zumo de frutas en envases
abiertos que, a tenor del efecto sedante que le produjeron, M D
descubrió que estaban cargados de somníferos. En la mañana del día 20,
cuando los policías que custodiaban a M D y le obligaban a mantenerse
en todo momento en silencio le ofrecieron un nuevo tetra brick de zumo
abierto, M D se negó a tomarlo, recibiendo ahí los primeros golpes.
Por la mañana, otro coche patrulla con cuatro agentes le llevaron
desde la comisaría hasta la puerta de la pasarela del avión. Dos
policías quedaron fuera de la aeronave, mientras otros dos se sentaron
en dos butacas de alguna fila de la parte media del avión, permaneciendo
M D en el medio de ellos, siempre con las manos fuertemente atadas con
bridas a la espalda. Mientras el resto de los pasajeros de este vuelo
comercial empezaban a ocupar sus asientos, M D fue consciente del
destino que le esperaba y empezó a gemir y llorar. Aunque los policías
intentaron callar a nuestro vecino con golpes y patadas, no consiguieron
evitar que los llantos de M D llegasen a oídos del piloto, que en el
ejercicio de su responsabilidad se negó a volar con un pasajero en tales
condiciones.
M D abandonó la aeronave hacia las 10:30 de la mañana. Como castigo,
los cuatro policías que lo custodiaban se ensañaron con él a patadas,
rodillazos y puñetazos en la cabeza, cuello y espalda. Después de la
paliza decidieron dejarle abandonado a su suerte en la zona de salidas
del aeropuerto. M D, en estado de pánico, consiguió llegar hasta la
parada del autobús de línea regular que recorre el trayecto desde el
aeropuerto hasta la estación de Atocha. Por el camino, alguna persona
solidaria le ayudó a contactar con uno de sus vecinos y compañero del
Grupo de Migración de la Asamblea de Lavapiés. Malherido y en evidente
estado de shock logró llegar a la estación de Atocha, donde varios
vecinos del barrio estaban esperándole para trasladarle de urgencia al
centro de salud de Lavapiés.
Una vez atendido, se le recomendó permanecer en observación durante
48 horas y se remitió el parte de lesiones a los Juzgados de Primera
Instancia de Plaza de Castilla.
Desde el Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de
Lavapiés queremos denunciar una vez más las torturas y abusos que a
diario la policía comete sobre nuestros vecinos y personas queridas,
bajo la impunidad que les otorgan jueces y magistrados. Nos gustaría que
esta historia sirviese como ejemplo de las terribles consecuencias que
para nuestros vecinos migrantes pueden tener las innumerables redadas y
controles racistas que cada día, en cada esquina de nuestro barrio,
realizan policías nacionales uniformados y de paisano.
Estamos convencidos de que algún día el miedo cambiará de bando y
estos policías torturadores y estos jueces ignorantes pagarán sus
desmanes con al menos el mismo sufrimiento que ellos están infringiendo
sobre nuestras vecinas y vecinos por el mero hecho de ser trabajadores
pobres y migrantes.
El
motivo fue la asamblea que se iba a formar en esta sede sobre el
convenio de Intervención Social. El motivo de que UGT y CCOO hagan este
tipo de cosas no es más que el de soltar su discurso político para
convencer a los/as trabajadores/as y así tener más legitimidad a la hora
de firmar el convenio de la Intervención Social. Nuestra intención no
es otra más que la de informar a los/as trabajadores/as que acudían a la
convocatoria de la nefasta propuesta de convenio, nuestro rotundo
rechazo al mismo, dar nuestras propuestas y de que no hiziesen caso a
los mítines políticos de aquellos que cobran y viven a base de mentir y
vender a los/as trabajadores/as.