Por Lluís Rodríguez
Hoy jueves 29 de marzo de 2012 las organizaciones sindicales del Estado español, entre ellas también la CNT, han convocado una huelga general de 24 horas para exigir al gobierno la derogación de la contrarreforma laboral (Real Decreto 3/2012 de 10 de Febrero). Esta contrarreforma va a suponer la destrucción de las pocas garantías que tenemos los trabajadores y trabajadoras para no ser explotados salvajemente en los mercados de trabajo capitalistas. Pero no se convoca huelga general solamente por este motivo.
Las "medidas anticrisis" aplicadas por tanto este como el anterior gobierno del PSOE, no son más que un robo planificado y un expolio a las clases trabajadoras desde los aparatos del Estado para entregar ese botín a empresarios y banqueros. Dicho así puede parecer chocante y podría decirse que poco riguroso empíricamente, pero, ¿a quién benefician las contrarreformas en los mercados de trabajo? Evidentemtente a los empresarios, puesto que sirven para facilitar el despido, debilitar el poder laboral y posteriormente reducir los salarios a costa del incremento de los beneficios empresariales. Los datos del INE son demoledores: el peso de los salarios ha pasado de representar el 53% del PIB a principios de los 80 (frente al 41% de los beneficios empresariales), a solamente el 46% del PIB en 2011 (frente al 46'2% de la cuota de los empresarios), superando ya los beneficios a los salarios. Es decir, una gran mayoría de la población cada vez recibe menos mientras una minoria de empresarios y banqueros cada vez se enriquecen más. Por supuesto que la patronal paga a los políticos los servicios prestados con suntuosos cargos en múltiples empresas. ¿Alguien duda que con menor inversión pública incrementará el paro? ¿A quién beneficia el paro masivo? Otra vez a la brutal y violenta disciplina patronal. Pero no es ésta la única fuente de expolio promovida por el Estado capitalista en su fase neoliberal, ¿quién está pagando los intereses de la deuda pública a la banca? Si bajan los impuestos a los ricos -que, por cierto, con ello pueden comprar deuda pública- y suben el IVA a los trabajadores, la respuesta es evidente: los intereses a la banca los pagan los trabajadores con sus impuestos, interesante redistribución que hace el Estado; ¿qué son si no las reformas de pensiones? Cuando los ingresos provienen exclusivamente de las cotizaciones de trabajadores al sistema estatal de Seguridad Social y el gasto social que proviene de esas cotizaciones es recortado impunemente, ¿a quién beneficia ese recorte? De nuevo al capital financiero por dos vías: la disminución del gasto público para asegurarse el cobro de intereses por la deuda y el estímulo de las pensiones privadas por el recorte que deja las pensiones públicas en la miseria -pensiones privadas que acaban gestionando los bancos-. Lo mismo podríamos decir de la sanidad o la educación, servicios sociales que son provisionados gracias al pago de impuestos de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, no de los impuestos de los empresarios. Los empresarios pagan un minoría de los impuestos, cuando son también los que más defraudan.
Medios de comunicación de masas como portavoces de la patronal
El discurso antisindical y antihuelga es abrumador en los medios de comunicación de masas. La voz de los dirigentes políticos y patronales es cuasi-monolítica y hegemónica en los medios: "la huelga del 29 de marzo no tiene sentido"; "es necesario que todo el mundo aporte su grano de arena para salir de la crisis"; "se trata de una huelga inútil y costosa por el perjuicio que supone para el erario, para el prestigio de España en el extranjero, para los ingresos de los microempresarios y de los mismos asalariados"; "la gente no quiere una huelga, sino un trabajo"; "no está claro que los españoles estén dispuestos a una huelga"; "la huelga es innecesaria y no es el momento de plantearla", "es una huelga política". Alguno del PP afirma que la huelga "generará más paro", otro de la patronal dice que "muchas personas pasan por una situación muy crítica, lo que obliga a arrimar el hombro y ser optimistas".
El mensaje que transmiten los medios y los tertulianos como altavoces de la patronal es claro: los trabajadores no deberían secundar la huelga, las huelgas son malas en sí mismas y deberían evitarse. En general, los medios de comunicación sirven como un mecanismo para debilitar las huelgas porque, al fin y al cabo, comparten los mismos valores que los empresarios, no en vano son empresas. Los medios de comunicación vehículan hegemonicamente insultos a la inteligencia de todos nosotros: ¿qué es eso de arrimar el hombro y ser optimistas? Pagad impuestos y dejad de explotarnos económicamente a los trabajadores -también como consumidores-, ladrones; ¿que la huelga generará más paro? No aprobéis leyes que faciliten el despido, cínicos.
Cabe preguntarse por qué tanta agresividad contra las huelgas si realmente "no tienen sentido", si efectivamente son "innecesarias" e "inútiles". La respuesta es evidente. Tienen mucho miedo.
Frente a los discursos de la debilidad obrera, que solo refuerzan esa debilidad en nuestro imaginario, es preciso evidenciar que los trabajadores y trabajadoras tenemos mucho poder. Con la huelga tenemos la capacidad de cesar el trabajo, de suspender totalmente y con efecto multiplicador la capacidad de generar riqueza que nosotros mismos producimos. Con la huelga tenemos la capacidad de parar la economía e inflingir cuantiosos daños a los beneficios empresariales y a sus privilegios, daños que podrían llegar a ser muy superiores a los que nos inflingen a nosotros si nos lo propusiéramos. Tenemos también la capacidad de forzar el cierre de una empresa y desalojar expropiando a los empresarios para cooperativizarla nosotros. La huelga da pánico a los capitalistas y sus servidores. El miedo debe huir de nosotros para trasladárselo a ellos.
Patronal, leyes y Estado. En defensa de la huelga
La huelga y sus herramientas complementarias como son los piquetes, el boicot y el sabotaje son la principal expresión de la acción directa de los trabajadores. Es por ello, porque supone la expresión del poder real de los trabajadores, que se limita, prohibe y castiga. El Estado y la judicatura tienen un papel fundamental de contención y represión del conflicto sociolaboral. Son herramientas de defensa de los empresarios ante la acción sindical, que no es sino la derivada de la explotación empresarial, el paro y la pobreza.
La huelga tiene una expresión rica y multiforme. La huelga de celo con ejecución minuciosa y reglamentaria del trabajo; la huelga intermitente que altera horas de trabajo y huelga a lo largo del día y a lo largo de la semana; la huelga rotatoria realizada en diferentes sectores de una empresa o de actividad económica en un ámbito geográfico, alternando los días de cese de actividad; la huelga escalonada cuando las actividades són paralizadas progresivamente unas después de otras; la huelga estratégica que afecta a sectores básicos y estratégicos de la empresa o del sistema económico que comunica sus efectos en cadena; la huelga salvaje sin preaviso ni autorización; la huelga solidaria en apoyo a reivindicaciones de trabajadores de otras empresas. Todo esto es la huelga, todo esto está limitado o prohibido y castigado. Todo esto es lo que hay que aplicar con inteligencia y con convicción de su legitimidad.
¿Los gobiernos europeos quieren hacer reformas? ¿queréis desrregular? Pues quitad el corsé legal y represivo a la huelga si os atrevéis. Dejad al desnudo el poder laboral y comprobaremos la utilidad o no de las huelgas.
¿Qué hay del coste que tienen las huelgas para la economía y los trabajadores?
Dentro de los discursos patronales antihuelga se encuentra uno muy acorde con el tipo de corporativismo puesto en marcha por los gobiernos de corte fascista en la historia: con la huelga perdemos todos. Hablar de la economía política de la huelga y su coste, nos obliga a hacer una primera precisión. La economia no es "el interés general", aunque lo pueda parecer, sino fundamentalmente un sistema de producción-consumo que, bajo la forma actual, el capitalismo, resulta injusto, ineficiente y antidemocrático, toda vez que el trabajo asalariado es el que produce pero los beneficios de ese trabajo están jerarquizados concentrándose en las cúpulas dirigentes, tanto de las empresas como de ciertos sectores económicos, como el bancario. Por lo tanto es incierto que cuando hablamos de coste de una huelga todos perdamos por igual: algunos, los empresarios, pierden muchísimo más que otros, los trabajadores.
Cuando los medios apuntan el daño que provoca a la economía una huelga general siempre se trata en términos del Producto Interior Bruto. Para el caso de la huelga del 29 de septiembre de 2010, la patronal CEOE calculó que un paro del 100% de los trabajadores supondría una caída del 0'4% del PIB (4.200 millones de euros). Estas cifras habría que contrastarlas con todos los elementos en juego puesto que probablemente el impacto fuese mayor. Pues bien, haciendo un ejercicio simple de análisis de este agregado macroeconómico podremos comprobar que en la huelga cae principalmente el consumo, las exportaciones y las importaciones, siendo menos sensible (por este orden) el gasto público y la inversión. Por lo tanto es evidente que afecta más directamente a las empresas en términos de disminución de consumo familiar, consumo entre empresas, así como las exportaciones. En el caso de las importaciones, su caída en una huelga provoca el efecto estadístico de compensación y por lo tanto de trasladar menor impacto para la economía española. Visto esto desde la perspectiva de la distribución funcional de la renta, veríamos que la caída de la parte salarial que incluye las cotizaciones a la seguridad social es menor que la caída del beneficio bruto empresarial. Ya una estimación realizada por un periódico en junio de 2010 evidenciaba que con un paro del 100%, la caída del PIB sería de 4.799 millones de euros, mientras que la pérdida de salarios (1.346 millones de euros) y cotizaciones a la seguridad social (385,7 millones de euros) supondrían, operando nosotros, que la caída del beneficio bruto empresarial rondaría los 3.067,3 millones de euros, es decir que en este caso el impacto económico de la huelga general recaería aproximadamente en un 35% en los salarios y cotizaciones, y en un 59% en las rentas del capital. Podemos concluir y entender con todo lo argumentado hasta aquí por qué la patronal y sus servidores tienen miedo a las huelgas. Es evidente que el coste de esta huelga y las que vendrán será superior al coste de un acuerdo de derogación de la medida. La huelga general es, pues, la factura que imponen el Estado y la patronal a la sociedad con sus actuaciones antisociales.
Es evidente, por otra parte, que secundar una huelga representa una serie de sacrificios para los trabajadores, aún cuando éstos son diferentes de los que ponen de relieve los empresarios y los políticos referidos al "interés general". Por ello, la decisión de convocar una huelga es siempre una apuesta. Cabe preguntarse si es posible evaluar el efecto que puede tener una contrarreforma que facilita el despido y el descuelgue salarial, con la debilitación que esto conlleva de la organización obrera, con una posible bajada salarial futura, y compararlo con la pérdida de salarios que causa la huelga (¿50, 100 euros?). No hay manera de comparar la pérdida de dinero en salarios con la mejora de la relación de fuerzas en el centro de trabajo o en la sociedad tras una huelga contundente y los beneficios cotidianos que produce esta nueva situación dado que pueden desembocar en el medio plazo en medidas de mejora efectiva del nivel de vida de la clase trabajadora al traducirse la mayor correlación de fuerzas en nuevas conquistas a nuestro favor. Es necesario evidenciar la conflictividad latente para dejar claro a los empresarios y a los poderes estatales que vamos en serio.
Por una estrategia de huelga: hay que parar los sectores estratégicos por todos los medios necesarios
Los y las trabajadoras tenemos el poder de parar la economía. Tenemos además la posiblidad de hacerlo con inteligencia para que nos suponga mucho menor coste que a la patronal y al Estado. Es evidente que sin un incremento de la conflictividad social no van a parar. Por su parte la burocracia sindical de CCOO y UGT adoptan una estrategia de desgaste del propio movimiento obrero: hacer huelgas puntuales con impacto localizado y poco efectivo -sector público-, pactar reformas que deslegitiman el sindicalismo ante la población, vuelta a convocar huelgas puntuales, etc.
Es necesario adoptar una estrategia colectiva de huelga centrada en los sectores y subsectores estratégicos de la economía. Éstos són principalmente energía, telecomunicaciones, finanzas y transportes. La energía ya sea petróleo, gas o electricidad es fundamental para el funcionamiento de la economía. Sin ella el sistema capitalista español se bloquea. De la misma forma las telecomunicaciones suponen hoy en dia una palanca funamental de la economia por funcionar la mayor parte de empresas y administraciones con sistemas informáticos e internet. A su vez, las finanzas representan el flujo de aceite principal que engrasa el sistema productivo. Sin tener operativos los sistemas bancarios la economía se para. Por último, los transportes sirven para la mobilidad de personas y mercancias por lo que con un paro también en este sector se consigue una caída importante de la producción. Una huelga de varios días coordinada en estos sectores puede suponer una claudicación del gobierno a los intereses, esta vez sí, generales, es decir, los de los trabajadores (empleados o desempleados), que somos la inmensa mayoría de la población, no se nos puede olvidar.
La huelga general como primer paso a la autogestión
La patronal y los gobiernos -español y europeo- están utilizando todas sus armas, con una violencia estructural sin precedentes y personificada contra las clases trabajadoras y los más débiles de la sociedad. Nadie puede negar la agresividad y violencia implícita al ejercicio del poder empresarial y político que ampara la legislación del Estado. Esto es así tanto en un despido que supone paro y riesgo de pobreza para que las empresas tengan más beneficios, en el recorte de subsidios de desempleo o pensiones -pagadas además previamente por los asalariados-, o en que los bancos nos quiten las viviendas mientras, por otra parte, reciben el apoyo financiero del Estado, todo ello mientras los políticos prosiguen impunes sus actuaciones corruptas y de robo de recursos públicos. Ante esta agresión y violencia no está habiendo una respuesta al mismo nivel, y ello provoca que no retrocedan en sus pretensiones. La huelga general es un primer paso.
Además, en el actual contexto de reestructuraciones de empresas y administraciones en crisis, apoyar la implementación de una política sindical de lucha total contra los depidos y recortes es fundamental. En este campo es precisamente donde el anarcosindicalismo tiene uno de sus mejores activos para establecer esa imprescindible conexión entre reivindicación cotidiana y autogestión. Las negociaciones sobre el empeoramiento de las condiciones de trabajo o despidos masivos se pueden plantear en términos amplios de viabilidad económica -también social-, control obrero-sindical para los servicios públicos y, si hace falta, de expropiación o recuperación de los medios de producción con cooperativización autogestionada. Esto se puede resumir en la frase "si no nos podemos emplear todas, ya nos repartiremos nosotras el trabajo”. Los empresarios y los políticos ya se pueden ir preparando porque vamos a por sus privilegios, a por los medios de producción, distribución y bienestar colectivo.
Hay que devolver golpe por golpe y nuestros golpes deben ser más duros.
Solo el pueblo salva al pueblo.
A por la Huelga General.
Lluís Rodríguez. Economista y miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión en Barcelona.
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