GaFelipe V-I, la monarquía 0.2
Represión sindical sin precedentes desde el Proceso 1001. Las
dictaduras agonizantes sobreactúan.
5-1, 0-2 y fuera del mundial. A pesar de las sustanciosas primas de 720.000 € per capita que el régimen ofrecía a la selección, con la que el moncarca pretendía hacerse la foto inaugural del reinado, por lo visto esos millonarios peloteros ya no tenían hambre futbolística, pues ya lo habían ganado todo.
5-1, 0-2 y fuera del mundial. A pesar de las sustanciosas primas de 720.000 € per capita que el régimen ofrecía a la selección, con la que el moncarca pretendía hacerse la foto inaugural del reinado, por lo visto esos millonarios peloteros ya no tenían hambre futbolística, pues ya lo habían ganado todo.
Pero si ya no querían ganar más,
podían haber intentado marcar un gol a la crisis. Las primas, más
del doble de las que recibirían los alemanes podían haber sido
donadas a los comedores escolares donde veranean niños que tienen
hambre de verdad. Así se los pidieron con una recogida de firmas,
pero la contribución de éstos millonarios a alimentar a estos niños
se reduce al solemne anuncio de Iniesta; “Kalise para todos”.
Claro que no debemos culpar a unos
futbolistas semianalfabetos de los males del reino. La culpa es
nuestra por no seguir los consejos de Jonathan Swift, autor de los
viajes de Gulliver y de un libro menos conocido; “Una modesta
proposición para impedir que los hijos de los pobres de Irlanda sean
una carga para sus padres o para el país” (1729). la solución era
cocinarlos y comérselos. Esta sátira se queda chica con la
propuesta del gobierno; no abrir los comedores escolares en verano so
pretexto de que se van a traumatizar.
Más traumatizadas están las 265
personas que han participado en huelgas y protestas en los últimos
años y por eso afrontan juicios por la vía penal, por los que se
pide, en total, 120 años de cárcel, y procedimientos
administrativos que implican multas.
En al menos nueve procedimientos
penales que afectan a 40 trabajadores y cargos sindicales se imputa
la comisión de un delito de coacciones a la huelga, lo que implica
una pena mínima de tres años y un día de cárcel. Esta pena haría
que, en caso de condena, estas personas entraran en prisión.
La acumulación de casos y la
intensidad de las penas que se pide es insólita. El artículo 315
del Código Penal fija penas para aquellos que impiden o limitan el
derecho de huelga o a la libertad sindical o bien que coaccionan a
otras personas a iniciar una huelga, y se ha aplicado en muchas otras
ocasiones contra los trabajadores que participaron en piquetes, algo
que no ha sucedido en el caso de administraciones o empresas que
vulneran el derecho a huelga o a la libertad sindical de sus
trabajadores, unos hechos que suelen quedar en multas y sanciones
administrativas, pero que rara vez han llegado a los juzgados de lo
penal.
Uno de los ejemplos más recientes es
el de Coca-Cola la Inspección de Trabajo ya ha dicho en dos
ocasiones que la empresa vulneró el derecho a la huelga de sus
trabajadores y, por tanto, incurrió en una "infracción muy
grave en materia laboral" al sustituir el producto de plantas en
huelga por otro hecho en otros lugares.
Todo se arreglará con una multa, más
bien multita, teniendo en cuenta que son clientes de Sagardoy
Abogados, el despacho que diseñó de la reforma laboral del PP de
2012 y que diseñó el ERE de Coca-Cola. Unos linces jurídicos no
son, pues han visto anulado el despido colectivo de 1.190
trabajadores de Coca-Cola. Tendrá que readmitir a los despedidos,
aunque hayan sido desmanteladas las plantas de Fuenlabrada (Madrid),
Palma de Mallorca, Alicante y Asturias, y tendrán que abonar a todos
ellos los salarios que han dejado de percibir.
La resolución de la Sala de lo Social
de la Audiencia Nacional incluye tres causas de nulidad: no hubo
buena fe negociadora por parte de la empresa, se practicó el
"esquirolaje", y no se entregó a los trabajadores un plan
detallando reestructuración respecto de la producción, relevante
para negociar o evitar los despidos en el proceso de negociación.
El abogado de Coca-Cola Iberian
Partners en este despido colectivo fracasado es Iván Gayarre, socio
de Sagardoy Abogados y que fue el abogado jefe en materia social de
la Abogacía del Estado. Asesoraron al Gobierno de Mariano Rajoy en
la reforma laboral de 2012, junto al despacho Cuatrecasas y Equipo
Económico, la consultora fundada por Cristóbal Montoro a su salida
del Gobierno de Aznar. Montoro se desligó de su empresa al acceder
al ministerio de Economía, pero su director de Gabinete de la etapa
aznariana, Francisco Piedras Camacho, firmó el informe técnico
utilizado en el despido colectivo de las embotelladoras de
Coca-Cola.
Otro caso sonado es el de Telemadrid, a
la que los tribunales y el propio Tribunal Supremo, han condenado
varias veces por vulnerar el derecho a huelga y la libertad sindical.
La cosa nunca ha pasado de una multa.
Las Administraciones públicas también
pueden vulnerar el derecho a huelga y a la libertad sindical. Es el
caso de la Comunidad de Madrid, condenada por fijar servicios mínimos
abusivos en las huelgas de transporte a pesar de los pronunciamientos
judiciales anteriores que así lo determinaban.
La represión tras el desalojo de Can
Vies ha llevado a dos personas detenidas, a prisión preventiva sin
ninguna prueba de su participación en altercado alguno. Se le acusa
de volcar dos contenedores, pero si se le condenara por los
desórdenes públicos que se le imputan probablemente no llegaría ni
a entrar en prisión.
A otras personas detenidas en Sants
tampoco se las ha juzgado ni condenado, pero sí se les ha prohibido
acudir a cualquier manifestación hasta que sean juzgados en enero.
Si lo hacen, lasentencia establece que ingresarán en prisión
preventiva. El juzgado argumenta que así se evitará que participen
en desórdenes, cosa que ya está prohibida, así que se les condena
a exclusión política restringiendo arbitrariamente los derechos de
reunión y manifestación. S los 300 detenidos en manifestaciones en
estos últimos años son privadas del derecho de manifestación, no
van a poder salir de su casa, no vayan a encontrarse una.
O no vayan a encontrarse con los
Mossos, que retuvieron a más de un centenar de manifestantes durante
más de dos horas en una esquina de la Gran Via. Los identificaron y
tomaron imágenes a todos. A algunos, además, la policía les obligó
a ponerse prendas de ropa o capuchas antes de tomar las imágenes.
Tu derecho a no aportar pruebas contra ti mismo, es pisoteado en
plena vía pública, sin abogado ni juez ni derecho a nada que no
sea un golpe de porra, como el que se llevó un ciclista en la oreja
mientras cruzaba la plaza de Sants, o dos golpes, como los que
rompieron la nariz a un afectado por el síndrome de Tourette, con un
66% de discapacidad y que para colmo pasó la noche en comisaría.
No sólo quieren disuadir las
protestas, también quieren hacer caja. Las sanciones impuestas el
año pasado por el ejercicio del derecho de reunión o manifestación
en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 superaron las
1.100 y, en su mayoría acarrearon multas de entre 300 y 6.000 euros
según los últimos datos remitidos por el Gobierno al Congreso.
Andalucía figura a la cabeza en número de sanciones, con 442, y
también de recaudación, un total de 28.000 euros.
Y cuidado, que el Ayuntamiento de Cádiz
tiene en un marcha el proyecto Cádiz, smart city (ciudad
inteligente). La empresa municipal Cádiz Conecta, con grandes pufos
en su haber, gastará seis millones de euros en este proyecto, que
incluye la instalación de 30 nuevas cámaras por la ciudadl con
supuestos fines turísticos, Cádiz será una ciudad videovigilada
sin siquiera avisar a los ciudadanos de que están siendo grabados.
No nos vamos a enterar hasta que lleguen las video-multas. Cuidado
con tocar el bombo en una protesta de socorristas como le pasó al
Ardentía.
La ola represiva no tiene precedentes
desde el proceso 1001/72 del franquista Tribunal de Orden Público,
que condenó a la dirección de CC.OO. Permanecieron encarcelados
hasta la celebración del juicio, más de un año después. Este
coincidió con el voladura del presidente del Gobierno, Luis Carrero
Blanco, hecho relacionado con las desmesuradas condenas obtenidas por
el fiscal. Un año después, el Tribunal Supremo rebajó las penas, y
poco después de la muerte del dictador, los encarcelados por el
Proceso 1001 fueron indultados por su heredero el 25 de noviembre de
1975, cinco días después de morir Franco. A cambio, firmaron los
pactos de la Moncloa de 1977, traición a la clase obrera de las
cúpulas de los sindicatos amarillos que permitió que todo siguiera
igual.
La CNT fue reprimida con el montaje del
caso Scala de 1978 por no entrar en esa concertación social con
nuestros enemigos de clase. Los vendeobreros, que miraron para otra
parte ante la represión y criminalización del sindicalismo
independiente y antipolítico tildándonos de radicales, ahora se
están enterando de que Roma no paga traidores.
Extraído de la publicación mensual Cádiz Libertaria Nº49 Julio 2014
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