miércoles, 9 de julio de 2014

GaFelipe V-I, la monarquía 0.2

GaFelipe V-I, la monarquía 0.2

Represión sindical sin precedentes desde el Proceso 1001. Las dictaduras agonizantes sobreactúan.

5-1, 0-2 y fuera del mundial. A pesar de las sustanciosas primas de 720.000 € per capita que el régimen ofrecía a la selección, con la que el moncarca pretendía hacerse la foto inaugural del reinado, por lo visto esos millonarios peloteros ya no tenían hambre futbolística, pues ya lo habían ganado todo.
Pero si ya no querían ganar más, podían haber intentado marcar un gol a la crisis. Las primas, más del doble de las que recibirían los alemanes podían haber sido donadas a los comedores escolares donde veranean niños que tienen hambre de verdad. Así se los pidieron con una recogida de firmas, pero la contribución de éstos millonarios a alimentar a estos niños se reduce al solemne anuncio de Iniesta; “Kalise para todos”.
Claro que no debemos culpar a unos futbolistas semianalfabetos de los males del reino. La culpa es nuestra por no seguir los consejos de Jonathan Swift, autor de los viajes de Gulliver y de un libro menos conocido; “Una modesta proposición para impedir que los hijos de los pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o para el país” (1729). la solución era cocinarlos y comérselos. Esta sátira se queda chica con la propuesta del gobierno; no abrir los comedores escolares en verano so pretexto de que se van a traumatizar.
Más traumatizadas están las 265 personas que han participado en huelgas y protestas en los últimos años y por eso afrontan juicios por la vía penal, por los que se pide, en total, 120 años de cárcel, y procedimientos administrativos que implican multas.
En al menos nueve procedimientos penales que afectan a 40 trabajadores y cargos sindicales se imputa la comisión de un delito de coacciones a la huelga, lo que implica una pena mínima de tres años y un día de cárcel. Esta pena haría que, en caso de condena, estas personas entraran en prisión.
La acumulación de casos y la intensidad de las penas que se pide es insólita. El artículo 315 del Código Penal fija penas para aquellos que impiden o limitan el derecho de huelga o a la libertad sindical o bien que coaccionan a otras personas a iniciar una huelga, y se ha aplicado en muchas otras ocasiones contra los trabajadores que participaron en piquetes, algo que no ha sucedido en el caso de administraciones o empresas que vulneran el derecho a huelga o a la libertad sindical de sus trabajadores, unos hechos que suelen quedar en multas y sanciones administrativas, pero que rara vez han llegado a los juzgados de lo penal.

Uno de los ejemplos más recientes es el de Coca-Cola la Inspección de Trabajo ya ha dicho en dos ocasiones que la empresa vulneró el derecho a la huelga de sus trabajadores y, por tanto, incurrió en una "infracción muy grave en materia laboral" al sustituir el producto de plantas en huelga por otro hecho en otros lugares.
Todo se arreglará con una multa, más bien multita, teniendo en cuenta que son clientes de Sagardoy Abogados, el despacho que diseñó de la reforma laboral del PP de 2012 y que diseñó el ERE de Coca-Cola. Unos linces jurídicos no son, pues han visto anulado el despido colectivo de 1.190 trabajadores de Coca-Cola. Tendrá que readmitir a los despedidos, aunque hayan sido desmanteladas las plantas de Fuenlabrada (Madrid), Palma de Mallorca, Alicante y Asturias, y tendrán que abonar a todos ellos los salarios que han dejado de percibir.
La resolución de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional incluye tres causas de nulidad: no hubo buena fe negociadora por parte de la empresa, se practicó el "esquirolaje", y no se entregó a los trabajadores un plan detallando reestructuración respecto de la producción, relevante para negociar o evitar los despidos en el proceso de negociación.
El abogado de Coca-Cola Iberian Partners en este despido colectivo fracasado es Iván Gayarre, socio de Sagardoy Abogados y que fue el abogado jefe en materia social de la Abogacía del Estado. Asesoraron al Gobierno de Mariano Rajoy en la reforma laboral de 2012, junto al despacho Cuatrecasas y Equipo Económico, la consultora fundada por Cristóbal Montoro a su salida del Gobierno de Aznar. Montoro se desligó de su empresa al acceder al ministerio de Economía, pero su director de Gabinete de la etapa aznariana, Francisco Piedras Camacho, firmó el informe técnico utilizado en el despido colectivo de las embotelladoras de Coca-Cola.
Otro caso sonado es el de Telemadrid, a la que los tribunales y el propio Tribunal Supremo, han condenado varias veces por vulnerar el derecho a huelga y la libertad sindical. La cosa nunca ha pasado de una multa.
Las Administraciones públicas también pueden vulnerar el derecho a huelga y a la libertad sindical. Es el caso de la Comunidad de Madrid, condenada por fijar servicios mínimos abusivos en las huelgas de transporte a pesar de los pronunciamientos judiciales anteriores que así lo determinaban.
La represión tras el desalojo de Can Vies ha llevado a dos personas detenidas, a prisión preventiva sin ninguna prueba de su participación en altercado alguno. Se le acusa de volcar dos contenedores, pero si se le condenara por los desórdenes públicos que se le imputan probablemente no llegaría ni a entrar en prisión.
A otras personas detenidas en Sants tampoco se las ha juzgado ni condenado, pero sí se les ha prohibido acudir a cualquier manifestación hasta que sean juzgados en enero. Si lo hacen, lasentencia establece que ingresarán en prisión preventiva. El juzgado argumenta que así se evitará que participen en desórdenes, cosa que ya está prohibida, así que se les condena a exclusión política restringiendo arbitrariamente los derechos de reunión y manifestación. S los 300 detenidos en manifestaciones en estos últimos años son privadas del derecho de manifestación, no van a poder salir de su casa, no vayan a encontrarse una.
O no vayan a encontrarse con los Mossos, que retuvieron a más de un centenar de manifestantes durante más de dos horas en una esquina de la Gran Via. Los identificaron y tomaron imágenes a todos. A algunos, además, la policía les obligó a ponerse prendas de ropa o capuchas antes de tomar las imágenes. Tu derecho a no aportar pruebas contra ti mismo, es pisoteado en plena vía pública, sin abogado ni juez ni derecho a nada que no sea un golpe de porra, como el que se llevó un ciclista en la oreja mientras cruzaba la plaza de Sants, o dos golpes, como los que rompieron la nariz a un afectado por el síndrome de Tourette, con un 66% de discapacidad y que para colmo pasó la noche en comisaría.
No sólo quieren disuadir las protestas, también quieren hacer caja. Las sanciones impuestas el año pasado por el ejercicio del derecho de reunión o manifestación en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 superaron las 1.100 y, en su mayoría acarrearon multas de entre 300 y 6.000 euros según los últimos datos remitidos por el Gobierno al Congreso. Andalucía figura a la cabeza en número de sanciones, con 442, y también de recaudación, un total de 28.000 euros.
Y cuidado, que el Ayuntamiento de Cádiz tiene en un marcha el proyecto Cádiz, smart city (ciudad inteligente). La empresa municipal Cádiz Conecta, con grandes pufos en su haber, gastará seis millones de euros en este proyecto, que incluye la instalación de 30 nuevas cámaras por la ciudadl con supuestos fines turísticos, Cádiz será una ciudad videovigilada sin siquiera avisar a los ciudadanos de que están siendo grabados. No nos vamos a enterar hasta que lleguen las video-multas. Cuidado con tocar el bombo en una protesta de socorristas como le pasó al Ardentía.
La ola represiva no tiene precedentes desde el proceso 1001/72 del franquista Tribunal de Orden Público, que condenó a la dirección de CC.OO. Permanecieron encarcelados hasta la celebración del juicio, más de un año después. Este coincidió con el voladura del presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, hecho relacionado con las desmesuradas condenas obtenidas por el fiscal. Un año después, el Tribunal Supremo rebajó las penas, y poco después de la muerte del dictador, los encarcelados por el Proceso 1001 fueron indultados por su heredero el 25 de noviembre de 1975, cinco días después de morir Franco. A cambio, firmaron los pactos de la Moncloa de 1977, traición a la clase obrera de las cúpulas de los sindicatos amarillos que permitió que todo siguiera igual.
La CNT fue reprimida con el montaje del caso Scala de 1978 por no entrar en esa concertación social con nuestros enemigos de clase. Los vendeobreros, que miraron para otra parte ante la represión y criminalización del sindicalismo independiente y antipolítico tildándonos de radicales, ahora se están enterando de que Roma no paga traidores.

Extraído de la publicación mensual Cádiz Libertaria Nº49 Julio 2014

 

 

Cádiz Libertaria Nº49 Julio 2014 

http://cntsovcadiz.blogspot.com.es/2014/07/blog-post.html 

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