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En
definitiva, una desamortización de los núcleos rurales para la
administración de los bienes por políticos, empresarios o burócratas. De
esta forma, un inmenso pedazo de España va a ser arrancado a sus
propietarios, sin justificación, a la vez que se anulan instituciones
con más de 2.000 años de funcionamiento, en lo que se perfila como el
mayor robo del siglo XXI. Y ese asalto a lo ajeno se ha producido casi
sin escándalo público porque se lleva a cabo en los núcleos rurales,
envejecidos y silentes, y a través de una legalidad con la que se quiere
aparentar mayor racionalidad. Robo y esquilmación de la historia.
Los
núcleos rurales del norte de España han empezado a tomar conciencia del
asalto gubernamental y están empezando a realizar asambleas para
informar del anteproyecto por la cual se quieren eliminar las
competencias de las Juntas Vecinales. Desde tiempos romanos pervive en
estos lugares del norte una institución, el Consilium, traducida en
nuestro tiempo al Concejo, que es la asamblea que se reúne
periódicamente para regir los asuntos importantes del lugar. Allí se
aprueban las cortas de los bosques, los derechos de pastos, de cultivo y
de caza, la administración de las propiedades del lugar… es un
Parlamento del pueblo, en el que cada habitante tiene un voto. Gobierna
la Junta vecinal un presidente, también elegido periódicamente por
votación popular. Y esta Junta se encarga de multitud de aspectos de
atención a los recursos y necesidades del vecindario. Y cuando hace
falta dinero para arreglar algo o para ayudar a alguien… se establecen
cuotas que todos suscriben. Todo tiene una base de administración
democrática de dos mil años, y que ha servido para defender los derechos
de cada uno de los vecinos.
…Y
ahora vamos a otro capítulo importante. Todos los recursos comunales
pertenecen a todos y se administran por todos. Los campos se distribuyen
equitativamente entre quienes quieren trabajarlos, igual que las
maderas o los derechos de pasto… y se exponen anualmente todos los
detalles de la explotación. Coexiste así en el campo una explotación
privada, de origen latino, con unas exploraciones públicas, de marcada
influencia germánica (invasiones bárbaras) lo que da a los pueblo un
elevado equilibrio social. Un campesino puede que no tenga muchos
terrenos privados, pero de lo público le corresponde una parte igual que
a cualquier otro. De hecho, las partes se distribuyen por una comisión,
se numeran y se entregan por sorteo. Pues este sistema milenario,
democrático e igualitario de reparto de bienes se acaba por una
normativa que ha propuesto el Gobierno Español este mes de julio y que
–dada la mayoría existente del Partido Popular- puede ser aprobada sin
modificación alguna.
A
los ya menguantes lugares del campo español, les quitarán ahora las
casas comunales (antiguas escuelas, sede del concejo, etc.) les quitan
los campos comunales, los pastos, los derechos de caza, los bosques….
Robar al pobre para engrosar los bolsillos del rico o del burócrata.
Entre los más indignados se comenta que no es extraño que de proseguir
este asalto, proliferen aún más los incendios. Mucha gente opina que hay
que calcinar las tierras antes que entregarlas a los ladrones
disfrazados de burócratas. Conocedores del gravísimo problema, ante este
asalto a las haciendas y a la historia desde guiarte.com/La Cepeda
proponemos: • •
- Difundir el robo. • •
- Protestar en defensa de los derechos económicos e históricos de estos lugares • •
- Anunciar que no se volverá a votar jamás a los autores de esta brutal expoliación económica e histórica • •
- Apoyar las movilizaciones para defensa de estos vestigios democráticos con más de 2000 años de vigencia. • •
- Promover y difundir allá donde estemos, este vestigios histórico que quieren borrar. • •
- Promover ante la UNESCO, el reconocimiento como Patrimonio Mundial del este sistema económico antes de que el Estado lo arrase. •
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